Unidas Podemos busca regular el uso compartido de redes para evitar que el veto de una teleco en una zona

Unidas Podemos quiere garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio, con independencia del operador, y para ello propone la regulación de un uso compartido de la red que garantice la prestación adecuada de este servicio.

Esta es una de las propuestas planteadas por esta formación del Gobierno de coalición, a través de una enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que tramita el Congreso.

Concretamente, Unidas Podemos busca que en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital regule las condiciones para establecer el uso compartido de la red.

Con ello se busca garantizar que en las zonas donde existan servicios de red para conexiones en movilidad pueda prestar servicios cualquier operador de servicios vocales y de Internet en movilidad, y que así todos los consumidores puedan utilizar cualquier operador con independencia de la ubicación territorial.

Pese a que PSOE y Unidas Podemos buscan pactar sus enmiendas para poder registrarlas de forma conjunta, ambos socios de Gobierno han presentado en esta ocasión sus propuestas por separado. Desde la coalición aseguran a Europa Press que esto responde al escaso margen para negociar en este proyecto, que llegó al Congreso hace poco más de un mes.

SERVICIO MÍNIMO DE 30 MB EN 2023 Y 100 MB EN 2025

Otra de las enmiendas del grupo confederal, pasa por concretar y ampliar el servicio universal contemplado en el proyecto, donde se entiende el mismo como los servicios cuya prestación se garantiza a todo consumidor con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a precio asequible.

Así, para el acceso a Internt de banda ancha en ubicación fija Unidas Podemos quiere que se garantice por ley un ancho de banda de 30 Mbps (megabit por segundo) a partir del 1 de enero de 2023 y de 100 Mbps en 2025, e incluir como servicio universal la telefonía móvil y el acceso a banda ancha móvil con un mínimo garantizado de 30 Mbps para todos los núcleos de población.

Estos objetivos de conectividad de banda ancha ya están contemplados en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales del Gobierno, y que la garantía de telefonía e Internet móvil son dos de las recomendaciones del Defensor del Pueblo en sus informes de 2019 y 2020.

EVITAR CAMBIO DE CONDICIONES Y SERVICIOS DE TERCEROS

Por otro lado, en sus enmiendas Unidas Podemos también plantea la ampliación de los derechos del consumidor, recogiendo por ejemplo el derecho de los usuarios a no recibir, salvo autorización expresa por escrito, cargos de terceros proveedores por productos o servicios en la factura de un operador.

También para garantizar que las compañías no hacen cambios arbitrarios e injustiricados de las tarifas y los contratos y que todos los servicios sean susceptibles de rescisión sin coste alguno, y sin reclamación previa, si hay discrepancia significativa entre el rendimiento real de un servicio de comunicaciones y el indicado en el contrato.

Asimismo, se recoge la posibilidad de poder devolver los terminales de telefonía o módems de forma gratuita y sencilla, salvo que se demuestre la completa interoperabilidad del equipo con los prestados por otros proveedores, incluido al que se haya cambiado el usuario.

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