OHLA se impulsa un 3% en Bolsa tras recibir 162 millones de la Comunidad de Madrid por el tren a Navalcarnero
Recupera el precio por acción previo a la pandemia
Las acciones de OHLA se impulsaron este martes más de un 3% en Bolsa tras haber recibido el pago por parte de la Comunidad de Madrid de 162,5 millones de euros por la liquidación del contrato que proyectaba una nueva línea de tren de cercanías entre las localidades de Móstoles y Navalcarnero y cuyas obras quedaron paralizadas en 2010, en plena crisis financiera.
En concreto, los títulos de la constructora controlada ahora por los hermanos mexicanos Amodio cerraron la jornada bursátil a un precio de 0,997 euros, lo que supone una revalorización del 3,26% respecto a la sesión anterior.
Pese a cerrar por debajo del euro por acción, a lo largo del día superó este nivel en varias ocasiones por primera vez desde el estallido de la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, por lo que la constructora ya habría recuperado todo lo perdido en Bolsa a causa de la crisis sanitaria, gracias a este último empujón a sus cuentas.
Según informaba la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de los 162 millones de euros que ha recibido, más de 123 millones de euros corresponden a la liquidación de las inversiones realizadas en la ejecución de las obras que sí se acometieron.
El importe restante, de 39,1 millones de euros, responde a los intereses de demora desde la fecha en que debió abonarse el anterior importe. Además, todas estas cantidades se han incrementado en el IVA legalmente aplicable por un importe adicional de 25,9 millones de euros.
PROYECTO PARALIZADO DESDE 2010
Las obras, con las que se pretendía cubrir un trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a la entonces llamada OHL por el Ejecutivo regional en 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros. Tras invertirse más de 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010.
En junio de 2015, tras cinco años paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por «imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» y reclamando 285 millones de euros de indemnización.
Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndole 34 millones de euros de penalidades y dándole 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017).
Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por «incumplimiento de contrato», mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.
