Unidas Podemos celebra el desbloqueo de la Ley Audiovisual que garantiza los PGE y el blindaje de lenguas cooficiales
El espacio confederal ve aún elementos que debatir con el PSOE sobre la norma y no descarta presentar enmiendas
Unidas Podemos ha manifestado su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre ERC y el Ejecutivo para poder desbloquear la ley audiovisual con el blindaje a las lenguas cooficiales, por un lado, y también asegurar la tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.
Esta mañana los republicanos han anunciado que este pacto «garantiza el catalán» en la Ley Audiovisual y «facilita la aprobación de los Presupuestos para dar impulso al proceso de negociación».
El portavoz parlamentario del grupo confederal, Pablo Echenique, ha dicho en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso que el acuerdo es «una buena noticia» dado que, aunque no disponía de los detalles, se protege no solo el catalán sino el resto de lenguas cooficiales.
Fuentes del espacio confederal han explicado a Europa Press que el pacto es «satisfactorio» al blindar el uso de lenguas cooficiales en esta normativa, que era el aspecto más mediático y lo que pedía el sector audiovisual en diferentes autonomías, como en Cataluña. Además, han recalcado que trae otro elemento beneficioso como garantizar las nuevas cuentas públicas.
PUENTE CON PSOE Y ERC
Unidas Podemos, sobre todo mediante En Comú Podem, ha participado con discreción, tanto con PSOE como ERC, para facilitar este tipo de acuerdos, por lo que se ha «cubierto el objetivo de ser puente para salir del desbloqueo».
Eso sí, las mismas fuentes han recalcado que aún hay elementos en la Ley Audiovisual que están «lejos» de los planteamientos del espacios confederal, que serán objeto de trabajo aún con el PSOE.
De esta forma, el grupo parlamentario no descarta introducir enmiendas al respecto, sobre todo para introducir mecanismos que eviten la privatización de servicios informativos en entes públicos, garantizar más financiación a las cadenas autonómicas, y que sea un órgano independiente y no la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) quien vele por el corrector funcionamiento del sector.
