Álvarez de Toledo considera «nulo» su expediente sancionador y dice que el PP «autoimpugnó» su «ideario» al pactar el TC

«Exigir la despolitización del CGPJ mientras se politiza el Tribunal Constitucional es caer en una incongruencia debilitante», advierte

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido a la dirección del Grupo Popular que no la sancione por haber votado en blanco en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que su partido pactó con el Gobierno. A su juicio, no debe ser multada en virtud de un expediente que considera «nulo», por no cumplir los Estatutos de su grupo parlamentario, pero, además, sostiene que no fue ella con su voto, sino el partido, quien «impugnó» su propio ideario al llevar al Alto Tribunal a personas con «vinculaciones partidistas flagrantes».

Así lo expone la ex portavoz parlamentaria en los siete folios de alegaciones que ha remitido al secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, en el marco del expediente que se le abrió tras desvelar en una entrevista a El Mundo que no había apoyado a los candidatos propuestos por el PP para renovar el Tribunal Constitucional, entre los que estaban Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

«A efectos de que la dirección del Grupo pueda rectificar su decisión, que vulnera los procedimientos legales, incumple los Estatutos del Grupo, socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática e impugna el ideario del Partido Popular, quisiera trasladarle cuatro consideraciones», escribe Álvarez de Toledo, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

En el plano formal, la diputada argumenta que el procedimiento abierto en su contra es «nulo» puesto que, en primer lugar, se basa en un documento, los Estatutos del Grupo Popular, que son «secretos». Según relata, ella sólo ha tenido acceso a lo que deduce son los Estatutos, tras solicitarlos después de comunicársele que se enfrentaba a una posible sanción.

INCUMPLEN LOS ESTATUTOS

Pero, además, denuncia que el procedimiento que se le ha abierto «ni siquiera se ajusta» al que regulan esos Estatutos, lo que, sostiene «anula de raíz cualquier acción sancionadora». «Tiene escasa lógica predicar la transparencia y practicar el secreto», desliza.

Álvarez de Toledo también acusa a la dirección del grupo que encabeza su sucesora al frente del mismo, Cuca Gamarra, de incumplir esas normas internas. Según expone, si al no apoyar a los candidatos para el TC incurrió, como sostiene el expediente en una «falta grave» precisamente porque era una votación «importante», la dirección del Grupo Popular debería haber convocado una reunión del plenario de los diputados para debatir un asunto de tanta trascendencia, como, recalca, prevén los propios Estatutos.

«En una interpretación ciertamente caprichosa de los Estatutos, la importancia de la votación se subraya para imponer a una diputada una sanción y, en cambio, se soslaya para pedir al Grupo su opinión. En este sentido, estoy segura de que la dirección del Grupo convendrá conmigo: sancionarme sería tanto como asumir que nuestros Estatutos son de aplicación arbitraria», señala.

TAMBIÉN LA CONSTITUCIÓN Y EL REGLAMENTO

También carga contra la dirección del grupo por actuar, a su juicio, en contra de lo que prevé la Constitución y el propio Reglamento del Congreso. En su opinión, así lo hace cuando argumenta que los diputados están sujetos a un mandato imperativo y que la dirección es propietaria exclusiva de su voto, incluso si se trata de votaciones secretas como la de los candidatos para el TC.

Desde su punto de vista, esta posición y también la del PSOE –al que señala por haber exigido a sus diputados «el certificado de su voto secreto» en lo que juzga un «abuso humillante»– «agravan el proceso de jibarización del diputado en beneficio de las cúpulas de los partidos».

«Cuando sólo queda la disciplina, la deliberación se evapora. Cuando la autonomía, iniciativa y personalidad del parlamentario se castigan, la dependencia, la sumisión y la mediocridad proliferan. Con un agravante: si la cúpula lo decide todo y lo dicta todo, si las posiciones de la dirección son las únicas no ya pertinentes sino conocidas, el diputado deja de tener cualquier responsabilidad. Se convierte, a ojos de muchos ciudadanos, en perfectamente prescindible: involuntario protagonista de una triste variante del colectivismo», alerta Álvarez de Toledo.

Además, la diputada sostiene que con su voto en blanco ella lo que hizo fue, como establecen los Estatutos, defender «los principios y líneas básicas» de su programa electoral y que quien «impugnó» ese ideario fue el propio partido. En este punto, reproduce el compromiso electoral del PP de «fortalecer la independencia judicial»

«La defensa de la independencia de la Justicia y el fortalecimiento de los órganos constitucionales mediante su despolitización son consustanciales al ideario del Partido Popular. Son pilares de nuestro proyecto político y no se pueden disociar», indica, a la vez que advierte de que «el intento de desvincular el reparto de cargos en los órganos constitucionales de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un ejercicio baldío».

Tras defender como «trascendental» el cuidado de la independencia del TC dadas sus funciones, la diputada acusa al Gobierno y a su propio partido de haber liderado una negociación que corresponde a los grupos parlamentarios y de haber pactado unos nombres que «orillan la voluntad del constituyente y empeoran los más relajados precedentes».

HIZO LO QUE DEFENDÍAN CASADO Y GARCÍA EGEA

Álvarez de Toledo recurre a sendas citas del líder del PP, Pablo Casado, y de su secretario general, Teodoro García Egea. En ella, el primero puesta por «mandar una mensaje de independencia e imparcialidad» con los nombres elegidos para el TC, algo que ella dice compartir.

«Era esencial rehuir nombramientos con vinculaciones partidistas flagrantes; evitar una operación de reparto de cromos, en laque cada cromo se relaciona con sus correspondientes siglas con la facilidad de un ejercicio escolar. No hace falta ser político para estar politizado. De hecho, hay políticos menos politizados que algunos nopolíticos», apunta la diputada.

De García Egea recuerda que advirtió de que si con los candidatos se daba una «sensación de parcialidad y politización» se estaría debilitando institucionalmente España». «De este certero razonamiento se desprende, exactamente, el sentido de mi voto. Es un voto contra el debilitamiento institucional de España. Y un voto contra el debilitamiento político del Partido Popular», se defiende,

En este contexto, destaca que apoyar esos nombramientos habría supuesto una «triple autoimpugnación»: de las posiciones defendidas por los diputados del partido, de su defensa del orden constitucional y, «señaladamente» de la posición que defiende respecto del CGPJ.

«Exigir la despolitización del Consejo General del Poder Judicial mientras se politiza el Tribunal Constitucional es caer en una incongruencia debilitante. No fue, por tanto, mi voto en blanco el que contradijo la línea política del partido. Lo que contradijo la línea política del partido fue el voto a favor», enfatiza.

«En este sentido, estoy segura de que la dirección del Grupo convendrá conmigo: sancionarme sería tanto como sancionar la defensa de los principios y la coherencia ideológica del Partido Popular», concluye el escrito de Álvarez de Toledo.