El PP registra una iniciativa en la Asamblea de Madrid para no modificar la Ley de Seguridad Ciudadana

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha registrado una iniciativa mediante la que pide al Gobierno de España que defienda el mantenimiento de la dignidad, intimidad y el principio de autoridad que la actual legislación asegura a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que dispongan de los medios materiales adecuados para el desempeño de su labor.

En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en el Pleno de la Cámara regional, a la que ha tenido acceso Europa Press y mediante la que solicitan también la retirada de cualquier iniciativa de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana en los términos anunciados. El Gobierno de PSOE y Podemos es partidario de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como Ley Mordaza .

En declaraciones a Europa Press, el diputado del PP José Virgilio ha explicado que han presentado esta iniciativa porque no quieren que se modifique una Ley de Seguridad Ciudadana que «ha dado resultados y que es buena». «Seguridad y libertad se necesitan. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesitan certidumbre y que el principio de autoridad se mantengan y la intimidad para ellos y sus familias», ha trasladado.

Asimismo, el parlamentario ha apuntado que los ciudadanos necesitan poder pasearse por las calles y que se persiga a quien altere la convivencia. «Por eso decimos no a modificar la ley de seguridad ciudadana, no a la barra libre de violencia», ha lanzado.

En la exposición de motivos de la propuesta, los populares recuerdan que la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana fue aprobada durante la X Legislatura por iniciativa del Gobierno del Partido Popular que «cumple con una finalidad esencial para el conjunto de los españoles: crear un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades».

A su juicio, la actual Ley de Seguridad Ciudadana fue consecuencia de una reforma «necesaria, conveniente y oportuna que dio respuesta a una demanda de amplios sectores de la sociedad y, en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

LA ACTUAL LEY ES «PLENAMENTE CONSTITUCIONAL»

España contaba entonces con una ley del año 1992 que tras 23 años estaba «desbordada, reinterpretada y necesitaba una revisión por varios motivos, como las exigencias sociales que reclamaban mejor protección de las libertades, la necesidad de ofrecer una respuesta apropiada a ciertos actos que quedaban impunes o la necesidad de una mejor cobertura y seguridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Con ella se apostó por «dar mayor protección al derecho a la reunión y manifestación pacífica y sancionar mejor y de forma más proporcional». De la misma manera la Ley 4/2015 surgió fundamentalmente porque «tras la modificación del antiguo Código Penal de 1995, habían quedado suprimidas las faltas, que pasaron a ser infracciones administrativas o delitos leves».

«Con su aprobación, en modo alguno se restringieron los derechos de reunión, manifestación y huelga, ni otorgó a la policía un poder excesivo, sino que creó un marco adecuado para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», exponen los populares .

Para el GPP, la aplicación de la Ley ha sido fundamental para la puesta en marcha de medidas de control para «evitar la extensión de la pandemia del Covid y de hecho, ha sido utilizada de forma habitual por el actual Gobierno». «Los ataques a esta Ley han estado basados en criterios puramente de desgaste político, con argumentos de manual partidista», han lanzado.

Por eso, consideran que la ley de Seguridad Ciudadana es «plenamente constitucional y así lo confirmó la Sentencia de 19 de noviembre de 2020 del Tribunal Constitucional, que rechazó con contundencia los argumentos jurídicos que entonces planteó la oposición».

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostró su apoyo a las organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales, que se manifestaron el pasado sábado en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.