Los presos de ETA rechazan colaborar con la Justicia si supone «delaciones y condenas» en los 300 casos sin resolver

Acuerda junto al Foro Social incluirlo en su «agenda de trabajo», así como un «plan de reintegración» para los terroristas

BILBAO, 3

El Colectivo de Presos de ETA, EPPK, y el Foro Social Permanente han acordado incluir en «su agenda de trabajo» la cuestión de los «casos sin resolver», aunque los condenados por terrorismo rechazan colaborar con la Justicia, ya que rechazan el «afán de perseguir delaciones, enjuiciamientos y condenas que impidan salir de la noria de la venganza y el sufrimiento».

Según ha informado el Foro Social en un comunicado, su coordinador, Agus Hernán, ha mantenido este lunes un encuentro en el centro penitenciario de Logroño con los representantes del colectivo de reclusos Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi.

La cita de esta mañana supone una continuación de la mantenida entre ambas partes el pasado 29 de mayo, cuando llevaron a cabo un balance «de la primera fase del cambio en política penitenciaria».

De este modo, uno de los temas abordados ha sido la de los 300 casos sin resolver, cuestión sobre la que el Foro Social ha adoptado el compromiso de estudiar «experiencias internacionales y buscar mecanismos innovadores que sean sanadores para las víctimas».

PREOCUPACIÓN POR NUEVOS SUMARIOS

Tal y como ha anunciado el Foro Social, ambas partes han acordado «incluir en su agenda de trabajo este tema», sobre el que el EPPK ha mostrado «su preocupación por el impulso judicial en la apertura de nuevos sumarios que están afectando tanto a personas presas como a otras que han salido en libertad».

«EPPK entiende que hay que obrar con otra perspectiva ante lo que se viene denominando como casos sin resolver , tanto los provocados por diferentes organizaciones armadas (ETA-pm, ETA-m y Comandos Autónomos Anticapitalistas), como los causados por la denominada guerra sucia , las muertes extrajudiciales y los miles de casos de tortura, hechos todos ellos promovidos o causados directamente por el Estado y sus cuerpos policiales y que se mantienen en una absoluta impunidad», ha afirmado.

Para el EPPK, toda esta realidad debiera ser abordada desde una perspectiva de «resolución de conflictos como definen estándares internacionales dentro de una doctrina de Justicia Transicional», con la creación de una Comisión de la Verdad que persiga «la verdad, el reconocimiento, la reparación y la no repetición».

«En ningún caso con el afán de perseguir delaciones, enjuiciamientos y condenas que impidan salir de la noria de la venganza y el sufrimiento y, al fin y al cabo, alejen el definitivo cierre de las consecuencias derivadas del ciclo de las violencias», ha añadido.

ONGI ETORRIS

Del mismo modo, durante el encuentro ambas partes han valorado la acogida y las reacciones producidas a la declaración del EPPK realizada el pasado lunes en relación con los conocidos como ongi etorris .

Tras afirmar que ambas partes han venido trabajando en esta cuestión desde 2019, el EPPK ha agradecido la labor de facilitación y la construcción de los consensos necesarios realizada desde elForo Social Permanente «en torno a la empatía con las víctimas y derecho a recibirles de las familias y personas allegadas».

En este sentido, el Foro Social Permanente considera «relevante» la declaración y una aportación a la convivencia democrática y entiende que, con esta decisión, el EPPK hace «causa común con la mayoría social y política de este país, decidida a dar pasos en la resolución del conjunto de consecuencias del ciclo de violencias».

Por otro lado, ambas partes han abogado por afrontar una solución integral a la cuestión de los presos que, a su juicio, pasa por debates nucleares entre los que están «el traslado definitivo de todas las personas presas a las cárceles de su elección, tanto en la Comunidad Foral Navarra, como en la Comunidad Autónoma Vasca».

También reclaman la «superación de la legalidad de excepción» y aplicación de la legislación ordinaria con el consiguiente derecho al acceso a permisos ordinarios de salida, la progresión penitenciaria al tercer grado y el acceso a la libertad condicional, «en función de los cumplimientos individualizados que dan derecho a ello».

PLAN DE REINTEGRACIÓN GENERALIZADO

Asimismo, apuestan por la definición de un «plan de reintegración generalizado» que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes, incluidos los presos, permita «el acompañamiento a estas en su itinerario individual de reintegración, tanto en el camino de acceso a la libertad condicional como en la posterior reintegración social y laboral».

«Un itinerario de reintegración que deberá reunir las garantías suficientes de que los pasos dados tendrán recorrido y serán acompañados desde Instituciones Penitenciarias, el Gobierno Vasco y las autoridades competentes, poniendo en marcha los recursos y las políticas coherentes necesarias», han añadido.

Desde las dos partes se subraya que, en lo referente al traslado a cárceles de ambas comunidades, es «urgente y de sentido común», superar la actual etapa transitoria y que se debe avanzar de manera decidida hacia el «escenario definitivo de cumplimiento de penas de todas las personas presas en estos centros penitenciarios».

A su entender, esta etapa transitoria no puede ser «de goteo» y estar supeditada a la «crispación permanente» que genera el debate en Madrid, sino que debe abordarse de manera «decidida, generalizada y urgente».

En la reunión de este viernes se ha realizado, además, un análisis de situación sobre «avances y bloqueos en la fase actual, presiones del lobby, transferencia al Gobierno Vasco en materia penitenciaria, décimo aniversario de Aiete, así como estado de los consensos en este tema en los espacios institucionales, políticos, sindicales y sociales».