El Supremo anula una cláusula del convenio de Renfe que omitía información sobre la movilidad de trabajadores
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha anulado la cláusula séptima del I Convenio Colectivo del grupo Renfe que eliminaba la identificación del número y la ubicación de las plazas en los concursos de movilidad geográfica y funcional de los trabajadores, al considerar que esta cláusula vulnera los principios de seguridad jurídica y de transparencia.
El alto tribunal estima así el recurso de casación interpuesto por el sector federal ferroviario de la Confederación General de Trabajo (SFF-CGT) contra una sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó la demanda de este sindicato, en la que solicitaba que dicha cláusula se declarase nula.
En esta ocasión, el Supremo afirma que se «está produciendo una auténtica inseguridad jurídica, ya que la persona trabajadora a la que interesa su movilidad, sea geográfica o funcional, desconoce la identificación y la ubicación de las plazas que salen a concurso, lo que le impide poder realizar una selección y optar por aquella plaza que sea más acorde con sus deseos y necesidades».
«No se puede concursar a ciegas con la posibilidad de encontrarse, cuando se resuelva el concurso, que aparecen plazas que el solicitante hubiera reclamado, caso de conocer su existencia y que, quizás han sido adjudicadas a personas con peor currículum, méritos o número en el escalafón que el solicitante», añade.
INFRINGE ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO
La sentencia explica que la cláusula impugnada también infringe los principios de transparencia y publicidad contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público, que han de ser aplicados en los concursos de movilidad geográfica y funcional.
Así, precisa que en el artículo 14 se reconoce el derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna, según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.
Recuerda que el artículo 55.2 de este Estatuto dispone que, para la selección de su personal, las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 lo efectuarán mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados (igualdad, mérito y capacidad), así como la publicidad de las convocatorias y de sus bases y la transparencia.
El Supremo subraya que estos principios no se respetan si en el concurso de movilidad geográfica o funcional no figuran la identificación y la ubicación de las plazas que salen a concurso, ya que se da una publicidad «sesgada» y se resiente el principio de transparencia dado que un dato esencial de la plaza que sale a concurso permanece «opaco, a saber, la identificación y ubicación de la plaza».
