El Tribunal Supremo de Nicaragua pide a Ortega iniciar el proceso de retirada de la OEA
El Tribunal Supremo de Justicia de Nicaragua ha pedido este miércoles al presidente, Daniel Ortega, que inicie el proceso de retirada de la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante la denuncia de la Carta Democrática del organismo, sumándose así a la petición del Parlamento nicaragüense en este sentido.
El secretario en funciones del tribunal, Gerald Áreas Lacayo, ha leído el acuerdo 126 al que han llegado los magistrados del órgano judicial nicaragüense, en el que ha indicado que «respaldan la solicitud de la Asamblea Nacional al presidente, en su calidad de jefe de Estado, para que denuncie la carta de constitución de la OEA», informa La Nueva Radio Ya.
La declaración del poder judicial del país centroamericano llega un día después de que el poder legislativo aprobara una resolución en la que rechazaba las declaraciones de la OEA por «injerencia», mientras que instaba a Ortega a iniciar el proceso de salida del organismo regional tras su rechazo a las pasadas elecciones, marcadas por el desconocimiento y las críticas internacionales.
La Asamblea Nacional invocó el artículo 143 de la Carta Democrática, en la que se estipula que esta «podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembro, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en la que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente carta cesará en sus efectos respecto del estado denunciante».
Después de los comicios celebrados el pasado domingo 7 de noviembre, entre acusaciones de fraude y críticas por la represión del Gobierno a la oposición y críticos, la OEA aprobó una resolución en la que declaraba «ilegítimas» las elecciones, llamando a una «evaluación colectiva inmediata» con el fin de «tomar las acciones apropiadas» respecto a Nicaragua.
Según la resolución, las elecciones presidenciales del domingo en Nicaragua «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática». El documento afirma además que las autoridades de Nicaragua han ignorado todas las recomendaciones de la organización.
