ERC quiere implicar en la reparación a las víctimas a la Iglesia y a las empresas que usaron su mano de obra
Pide que la Fiscalía especial tramite demandas y que se reconozca el derecho a devoluciones patrimoniales
Esquerra Republicana (ERC) ha registrado 65 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática con las que busca, además de declarar ilegal el régimen franquista, todos sus tribunales y su corpus legal, mejorar la reparación a sus víctimas, incluyendo su derecho a hacer reclamaciones patrimoniales, así como implicar en este proceso reparador tanto a la Iglesia católica, por haber colaborado con la dictadura, como a las empresas que se beneficiaron de la mano de obra de personas represaliadas.
Concretamente, ERC pide que una comisión con participación del Gobierno y la Conferencia Episcopal esclarezca «las responsabilidades morales y económicas que tuvieron los estamentos eclesiásticos para con el trato en relación con las mujeres y niños durante la Guerra Civil y dictadura». Ese órgano también debería crear espacios dirigidos a estudiar y divulgar estos hechos y a plantear propuestas de reparación.
El proyecto del Gobierno ya prevé que la administración impulse el reconocimiento y la reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados, como la señalización de los lugares directamente relacionados con esta práctica. ERC enmienda ese artículo para recalcar que así debe hacerse con independencia de que la titularidad de esos enclaves sea pública o privada.
La ley también contempla la elaboración de un censo de las organizaciones o empresas que se beneficiaron de estos trabajos forzados, pero los independentistas quieren ir más allá. Así, en otra enmienda recogida por Europa Press exigen que los estamentos públicos que se aprovecharon de estos represaliados les indemnicen y que también hagan lo propio las instituciones de carácter privado.
DEVOLUCIÓN DE BIENES
Asimismo, el grupo que capitanea Gabriel Rufián busca que la norma recoja un reconocimiento expreso del derecho a las reclamaciones patrimoniales de las víctimas para que se proceda a la devolución de los bienes o patrimonio incautados a sus legítimos propietarios o sus descendientes, incluidos partidos políticos y personas jurídicas.
La ilegalidad de las sentencias dictadas por órganos franquistas es otra de las históricas reivindicaciones que ERC ha plasmado en sus enmiendas, en las que también pide crear una Fiscalía especial con recursos propios que vaya más allá de la mera investigación y eleve a los tribunales las denuncias pertinentes sobre crímenes del franquismo, «para una auténtica reparación a las víctimas y para el reconocimiento de la preeminencia de la verdad».
Otra de sus tradicionales peticiones es que se reconozca como víctimas a quienes lucharon por el asentamiento de un sistema democrático también durante la llamada Transición, en concreto hasta el 31 de diciembre de 1982.
Los republicanos también piden más concreción en la recuperación de archivos y la creación de censo documental para garantizar el derecho de acceso a los documentos del régimen, incluidos los incautados por el mismo.
BLINDAR COMPETENCIAS
Blindar competencias autonómicas en materia de memoria democrática y garantizar su financiación, es otra de las sugerencias de ERC, que también aboga por penalizar el enaltecimiento no sólo del franquismo, sino también del fascismo y el nazismo.
Este paquete de enmiendas, se suma a las que ERC ha registrado con el resto de formaciones independentistas de la Cámara que piden la supresión del título de Rey que Franco concedió a Juan Carlos I, así como derogar parte de la Ley de Amnistía de 1977, modificarla y añadir un nuevo párrafo en el Código Penal con el objetivo de que se puedan juzgar en España los crímenes del franquismo.
Asimismo, los partidos independentistas solicitan la cesión de la Comisaría de Policía de la Vía Laietana de Barcelona a la Generalitat y del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián y que se reconozca, se estudie y se divulgue «la política de persecución y represión contra las lenguas y culturas aragonesa, asturiana, catalana, gallega, occitana y vasca» perpetrada por el franquismo».