El Congreso avala sin cambios el dictamen de la reforma del Estatuto de Baleares que elimina los aforamientos
La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este martes sin cambios el dictamen de la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares para suprimir los aforamientos de sus diputados autonómicos y los miembros del Gobierno con el fin de que puedan ser juzgados por tribunales ordinarios, de modo que este texto pasará ahora al Pleno de la Cámara Baja para su ratificación.
De esta manera, la unanimidad de la comisión del Congreso ha dado su apoyo al texto que viene del Parlamento de Baleares, rechazando así las enmiendas que ha presentado Vox, que, según ha defendido su portavoz, «mejorarían a lo que dispone la ley orgánica sobre responsabilidad civil».
En cualquier caso, este dictamen será sometido ahora a votación en el Pleno del Congreso, siguendo así su trámite parlamentario. En el caso de obtener el aval de la mayoría de la Cámara, pasaría al Senado para ser aprobado definitivamente.
El Parlamento de las Islas Baleares aprobó por unanimidad esta reforma de su Estatuto en el mes de noviembre del año 2018 al entender que el fuero es percibido por la sociedad como «un privilegio que distorsiona el principio de igualdad» de todos los ciudadanos ante la Justicia.
Y, como marca la ley, la remitió al Congreso para su ratificación definitiva. Aunque la Cámara Baja la tomó en consideración hace dos legislaturas, su tramitación quedó congelada como consecuencia de los procesos electorales de 2019 y es ahora cuando finalmente el Congreso ha vuelto a retomar esta tramitación.
AFECTARÁ A 59 DIPUTADOS
Esta reforma del Estatuto balear, que afectará a 59 diputados del Parlamento y a los miembros del Ejecutivo autonómico, no es la única, sin embargo, que ha pasado por el Congreso en los últimos tiempos. Canarias, Murcia, Cantabria y La Rioja también modificaron sus respectivos textos estatutarios para acabar con los aforamientos políticos.
El debate sobre acabar con el aforamiento de los políticos cobró protagonismo cuando en 2018 el Gobierno anunció que iba a estudiar una reforma constitucional para eliminar esta protección, pero la idea no llegó a traducirse en una propuesta.
