Políticas Sociales desarrollará por primera vez en Cantabria la Prestación Vinculada al Servicio

La oposición cuestiona la efectiva llegada de fondos europeos y el PP dice que no se cree el presupuesto

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), pondrá en marcha por primera vez en Cantabria la Prestación Vinculada al Servicio , una ayuda económica recogida dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que garantiza el derecho a la prestación de un servicio profesional cuando éste no pueda ser prestado por el Sistema Público.

Así lo ha anunciado hoy la consejera Ana Belén Álvarez durante su comparecencia en el Parlamento de Cantabria para informar de los presupuestos de su departamento para el próximo año, que ascienden a 422.628.000 euros, un 13% más que en 2021, y que la oposición ha cuestionado en relación a la efectiva llegada de fondos europeos, que ascienden a 47,8 millones.

Además el Grupo Popular ha manifestado que no se cree las cuentas de Políticas Sociales. «El presupuesto es un acto de fe», ha subrayado el diputado, Lorenzo Vidal de la Peña, mientras que la también popular Isabel Urrutia ha denunciado que, mientras se incrementa la pobreza en la región -cuestión que también ha planteado Ciudadanos–, se reduce el dinero para los más vulnerables, y ha afirmado que Cantabria es una de las comunidades con peores servicios sociales, con más de 4.100 personas con dependencia reconocida fuera del sistema.

Álvarez ha respondido a la oposición indicando que las partidas de fondos europeos recogidas en el presupuesto están «firmadas, publicadas y conveniadas» con el Ministerio de Derechos Sociales, de forma que si se aprueban los presupuestos, «estarán las partidas», por lo que ha confiado en que los grupos apoyen las cuentas porque «son expansivas y para las personas».

Así, ha dicho que el 80% de los 422,62 millones de euros, «más de 320 millones de euros», serán inversión social que «se trasfieren directamente al ciudadano mediante pagos directos a las personas, ya sea en forma de ayudas, subvenciones o la prestación de servicios».

Según Álvarez, se trata de un «presupuesto ambicioso», con «importantes novedades», que permitir «dar un salto» en la especialización del modelo de cuidados de larga duración, la sostenibilidad y eficiencia energética y la cohesión social.

Ha resaltado el «carácter innovador» del documento que va a desarrollar una veintena de nuevos programas en materia de empleo, vivienda y políticas sociales, y también a promover nuevos equipamientos, como el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento y Orientación o el Centro de Apoyos a los Cuidados.

Igualmente, ha recordado la inversión para el SAAD, que supera la barrera de los 150 millones. Al respecto, ha apuntado que el «esfuerzo» del Gobierno regional ha situado a Cantabria como la comunidad más ágil en el reconocimiento del Grado de Dependencia y la aprobación del Plan Individual de Atención (PIA).

Según ha detallado, con datos del IMSERSO, Cantabria es la comunidad autónoma que más ha reducido el tiempo medio de espera desde la solicitud del grado de Dependencia a la resolución del PIA, con un descenso del 41% (91 días), con lo que se sitúa en 127 días –frente a los 448 en España–.

Igualmente ha informado que en Cantabria, cada mes, se realizan cerca de 500 valoraciones de grado (467) y el 89,9% lo obtienen, lo que supone 3.786 personas en lo que va de año.

A 31 de octubre, en la región hay 17.340 personas dependientes con prestación. Además, ha indicado Álvarez, Cantabria es, junto a la Cataluña, la Comunidad que más plazas públicas concertadas residenciales oferta a dependientes (18,15% de las personas dependientes frente a 10,95% media); la segunda que más prestaciones ofrece (1,55 por usuario; 1,28 media nacional), y la que tiene más personas beneficiarias del SAAD en relación a su población.

En esta línea, la consejera ha afirmado que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia recibe una «especial atención» junto a los Servicios Sociales de Atención Primaria, que contarán con 22 millones de euros.

De este modo, la consejera ha recordado que el presupuesto incrementa los recursos dirigidos a impulsar la dependencia, a la protección social, a generar oportunidades para las personas en desempleo y a facilitar el acceso a una vivienda.

En materia de Empleo, ha apuntado que habrá más de 35 millones de euros en ayudas para empresas y autónomos y 65 millones estarán destinados a la contratación de desempleados. Y en Vivienda, está previsto conceder ayudas por valor de más de 7,5 millones de euros.

Ante estos y otros datos, Álvarez ha pedido «una mirada larga» a los grupos «porque es un momento de transformación para Cantabria» y de apoyar unos presupuestos de «cambio» que contribuyen a una mayor cohesión social, ha dicho.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Sin embargo, el PP ha cuestionado que si el presupuesto aumenta es por los fondos europeos, mientras que al ICASS se destinan cinco millones de euros menos. «El presupuesto más alto de la historia en 30 años es que el menos dinero dedica a la pobreza», ha denunciado Urrutia, que también ha censurado que no exista partida para la Prestación Vinculada al Servicio ni medidas contra la okupación . «Tendrán más dinero pero no más previsión ni políticas», ha sostenido la popular.

Mientras, su compañero de la partido ha expresado su preocupación por los fondos europeos, que son «castillos en el aire», ha dicho, porque si el dinero no llega no se podrán ejecutar los proyectos incluidos en el presupuesto. Además, Vidal de la Peña ha afirmado que este año solo se ha ejecutado el 36% de la inversión por lo que se ha preguntado qué pasará en 2022. «No me creo estos presupuestos», ha declarado.

También la diputada de Cs, Marta García, ha denunciado igualmente el incremento de la pobreza y se ha preguntado «qué pasará» si los fondos europeos no llegan –suponen el 56% del presupuesto de política social– y, al igual que el parlamentario de Vox, Antonio Blanco, ha cuestionado tanto el aumento de las subvenciones a CEOE, UGT y CCOO de más de un millón de euros, como los 320.000 euros para la Fundación Comillas.

Mientras, los grupos socialista y regionalista han mostrado su apoyo a las cuentas que, para el primero, suponen «un fortalecimiento del estado de bienestar» con una inversión «histórica» en dependencia, y para el segundo ratifican el compromiso del Gobierno «con las personas en situación más desfavorecida».