Puerto Gallego justifica el pago de facturas: «Estábamos entre la espada y la pared»

La exalcaldesa de Santoña defiende los abonos pese a los reparos de Intervención porque se prestaron los servicios y había consignación

La exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego ha justificado este lunes, en el juicio por presunta prevaricación contra ella y otros ocho concejales socialistas de su equipo de gobierno, el pago de diversas facturas por diferentes servicios municipales y a pesar de los reparos de los interventores porque, ha asegurado, los mismos se habían prestado y, además, había consignación presupuestaria.

«Estábamos entre la espada y la pared», ha manifestado la que fuera regidora de la villa y que se ha sentado en el banquillo por hechos cometidos desde que accedió al cargo, en 2003, y hasta 2009, por supuesto fraccionamiento de contratos y la aprobación de distintos abonos.

En su declaración, ante la titular del Juzgado de lo Penal número uno de Santander y en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogada, Gallego ha esgrimido que ella y sus ediles se encontraban «entre la espada y la pared».

Ha explicado así que por un lado tenían los informes desfavorables de Intervención pero, por otro, los servicios estaban prestados y además había partidas consignadas en las cuentas locales. Motivos estos últimos por los que la Junta de Gobierno Local aprobaba las facturas y además, como agregado, porque así se lo advertía el secretario.

Además, la exalcaldesa santoñesa –que se enfrenta a ocho años de ihabilitación para empleo o cargo público que pide el fiscal para ella y el resto de encausados– ha aseverado que cuando cogió el bastón de mando las empresas en cuestión -principalmente cuatro y con las que ha negado tener relación alguna- ya venían trabajando «desde hacía tiempo» para el Consistorio, sobre el que también ha puesto de manifiesto la «falta de medios», tanto técnicos como personales.

En este sentido, ha afirmado que en todas las comisiones de gobierno ponía de manifiesto la necesidad de que se abriese el correspondiente expediente de contratación, expediente que debían iniciar los técnicos y que «hacíamos cuando podíamos», ha apostillado. «Se estaba trabajando en ello, pero los servicios del Ayuntamiento tenían que seguir», ha alegado en otro momento del interrogatorio.

Al respecto, Gallego ha expresado que «el día a día de los ayuntamientos es muy complicado», admitiendo que a diario «hay que tomar decisiones» -no solo en materia de contratación- y que «a veces» se pueden cometer «irregularidades».

«Pero hay que tirar para adelante», ha defendido durante la vista oral, señalada para este lunes y martes y que se desarrolla en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas, tras ser suspendida en varias ocasiones, la última hace casi un año. La causa motivó la dimisión de Puerto Gallego como diputada nacional del PSOE, en concreto cuando llegó al Tribunal Supremo por su entonces condición de aforada.

Tanto el ministerio público como las acusaciones particulares –que ejercen el exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila y el Partido Popular– consideran que los acusados cometieron un delito de prevaricación administrativa continuada y el fiscal entiende que concurre la atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido casi veinte años desde los primeros hechos denunciados.

«Cómo para no haberlas», ha expresado en un momento de la sesión la jueza, que en otro punto ha considerado que los procesados han sido «sometidos a una pena de banquillo» por distintos retrasos acontecidos.

Esa misma atenuante ha interesado, pero como muy cualificada, en el arranque de la sesión uno de las defensas que, en el trámite de cuestiones previas, también ha propuesto la aportación de nueva prueba documental, pero que la magistrada no ha admitido al considerarla «totalmente irrelevante» a los hechos objeto de enjuiciamiento.

«Es intempestiva, indebida y perjudicial», ha remachado la titular del Juzgado, para recalcar que la denuncia afecta a un total de 18 actas de comisiones de gobierno celebradas entre el 10 de diciembre de 2003 y el 17 de junio de 2009.

«HÁGASE EL EXPEDIENTE»

También han contestado únicamente a las preguntas de sus letrados los ocho ediles con responsabilidades de gobierno en ese periodo procesados junto a Puerto Gallego: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle.

Han coincidido en que antes de aprobar el pago de las facturas en cuestión los técnicos municipales les aseguraban que «todos» los servicios se habían prestado.

Así, al entender que se reunían las condiciones técnicas y legales, llevaban el asunto a la Junta de Gobierno Local para dar luz verde de los consiguientes pagos, algunos derivados de contratos «muy antiguos» y relacionados con labores de limpieza y mantenimiento de edificios públicos.

Además, los concejales han convenido que la alcaldesa siempre manifestaba «iníciese» o «hágase el expediente» para la «regularización» de esa situación. «Era un soniquite recurrente», ha comentado uno de ellos. «Lo decía constantemente», ha rememorado otra.

Y un integrante más del equipo de gobierno ha apuntado que era el secretario municipal el que les indicaba que debían proceder al pago de los servicios prestados pues, en caso contrario, se estaría incurriendo en un «enriquecimiento».

Este encausado ha agregado que en 2007 se iniciaron los trabajos para regularizar los pagos, extremo que se logró en «todos» los supuestos en el año 2009.

600.000 EUROS y 6.000 DOCUMENTOS

Finalizado el interrogatorio a los acusados, la primera sesión del juicio ha continuado con las declaraciones de testigos y peritos. Entre ellas, las de una interventora que ha llamado la atención sobre la «unanimidad» existente en «todas» las actas de las Juntas de Gobierno Local ante una «situación de ilegalidad» y «de gran calado» además.

Al hilo, ha indicado que algunos pagos se aprobaron pese a no haber consignación presupuestaria, lo que «es nulo de pleno derecho». Y también se ha referido a fraccionamiento de contratos «no permitido». En su conjunto, ha cifrado el importe de estas acciones para el Ayuntamiento en 600.000 euros.

Y a modo de ejemplo, la experta ha señalado que en el año 2009 hubo más de 90 facturas a una empresa con nueve reparos del interventor municipal, mientras se expidieron más de 40 a favor de otra sociedad con seis informes desfavorables en ese caso.

En su opinión, los servicios afectados se podrían haber planificado y sacado a licitación y «hubiera sido mucho más económico» para las arcas municipales. En este punto, ha indicado que un procedimiento negociado requiere «poco tiempo» y en tanto que uno abierto se puede llevar a cabo en un periodo de «cinco o seis meses. Y menor también».

Para terminar, ha hecho extensivo el «comportamiento errático» de los entonces integrantes del equipo de gobierno local a otras empresas que no son objeto de esta causa.

La sesión matutina ha concluido con la declaración, también por videoconferencia, de dos agentes de la Guardia Civil que se encargaron de recopilar y registrar documentos -facturas, contratos, etc- aunque no hicieron un estudio «exhaustivo» de los mismos.

En total, recabaron los más de 6.000 folios que conforman esta causa, que fueron guardados en cinco cajas y que faltaron en la vista oral inicial, señalada para marzo de 2019.

Localizados los papeles extraviados, se volvió a aplazar el juicio previsto un año después, en abril de 2020, debido esa vez a la suspensión de la actividad judicial no esencial por el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Y en el mes de diciembre sucedió lo mismo, pero porque uno de los abogados tenía otra vista el mismo día.