El sector pesquero advierte sobre el «efecto desequilibrante grave» que supondría un gravamen al gasóleo
El sector pesquero ha alertado sobre el «efecto desequilibrante grave» para su actividad que supondría un gravamen al gasóleo, tal como contempla la propuesta de directiva europea para reestructurar, en el marco del Pacto Verde europeo, los impuestos sobre productos de la energía.
Además, ha advertido que a medio plazo pondría en riesgo la soberanía alimentaria de España y de Europa, frente a los intereses de otras zonas geográficas, tales como la asiática, «actualmente inmersa en una guerra abierta y desleal para acaparar con sus flotas, en muchos casos ilegales, los recursos marinos».
Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Juan Manuel Liria, quien participó en la II Jornada sobre Ecocombustibles, organizada por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).
Según el sector, la propuesta de Directiva, que prevé establecer un impuesto al gasóleo de tres euros por cada cien litros de combustible a partir de 2023, impactaría en la viabilidad de las empresas pesqueras al suponer el combustible, por término medio, un 40% de los costes de su actividad, «ya de por sí con unos márgenes realmente ajustados».
El sector puntualiza que este impacto, además de a los buques de altura afectaría también a la bajura, mayoritariamente empresas familiares y «verdaderas espinas dorsales de la cohesión económica y social de muchas zonas costeras».
Además, según el sector, los objetivos que esgrime Europa para aplicar este impuesto ya han sido prácticamente alcanzados por la flota pesquera europea, y más aún por la española.
Con esta medida, Europa quiere reducir el 55% de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero de la flota UE en 2030 con respecto a los de la década de los noventa e incentivar la aplicación de mejoras en la eficiencia energética como energías alternativas (hidrógeno, gas, electricidad e hibridación).
Sin embargo, el sector cree que la Comisión Europea ha de ser consciente de la reducción del 48% de la flota pesquera comunitaria desde los años 90 (frente a otros países terceros que están desarrollando sus flotas exponencialmente) y que las emisiones del sector se han reducido un 18% durante los últimos diez últimos años.
