Extremadura rechaza los «bandos» en la reforma de la financiación autonómica

MÉRIDA, 28

La Junta de Extremadura ha rechazado la articulación de «bandos» y «frentes» entre CCAA o entre éstas y el Estado en materia de financiación autonómica, y ha apostado por la negociación y el «acuerdo» para alcanzar un nuevo sistema en esta materia que «no pierda de vista el interés general de país».

De este modo, aboga por entablar la negociación de un nuevo sistema de financiación «desde una estrategia de acuerdos, no de bandos, una estrategia realista que reconozca que hay comunidades que comparten problemas y que buscarán soluciones parecidas, y que no pierda de vista el interés general de país».

En este contexto, según ha defendido este jueves en la Asamblea la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, la Junta de Extremadura «habla y trabaja con todos para que el próximo sistema de financiación garantice una España que acoja la diversidad sin poner en riesgo la igualdad, en que las diferencias no sean una excusa para la insolidaridad, que promueva la riqueza y garantice el bienestar de todos, y en las que las capacidades de los ciudadanos sean justamente ponderadas y sus necesidades adecuadamente atendidas», y todo ello con «voluntad de consenso».

Con ello, en una comparecencia a petición propia en el pleno de la Asamblea para informar sobre la posición de la comunidad en esta temática, ha explicado que la Administración extremeña trabaja «para buscar un acuerdo con todos los implicados, comunidades autónomas y Estado» y lo hará «en los foros que se vayan constituyendo» pero «sobre todo» en su «foro natural», que es –recalca Blanco-Morales– el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y «en cualquier escenario en el que se pueda avanzar hacia acuerdos en una materia de gran complejidad».

En este punto, ha incidido en que el objetivo de la Junta es que al final de este proceso el nuevo sistema de financiación cumpla con su función «esencial» de «garantizar el Estado del Bienestar», y bajo la «premisa» de que la reforma del sistema «no admite frentes ni entre las CCAA ni entre éstas y el Estado, y con la determinación de llegar a compromisos aunque sean parciales que las circunstancias permitan».

«La nueva financiación autonómica necesita huir del blanco y negro. El proceso de negociación ha de poner encima de la mesa cantidad de matices que son muy importante para acertar en la cuestión principal y tenemos que tener presente que en estas circunstancias es necesario empezar a hablar sobre aspectos concretos como la protección protegida, la protección ajustada o los servicios esenciales», que son aspectos concretos sobre los que según la vicepresidenta primera extremeña «hoy por hoy un acuerdo puede ser más factible».

NECESIDAD DE REFORMA «CUANTO ANTES» DEL SISTEMA

Al respecto, Blanco-Morales ha defendido que existe una «necesidad de forma cuanto antes» del sistema vigente de financiación «caducado en 2014 y que hoy no cumple la función para la que fue concebido», y ha explicado que la Junta aspira a «construir los consensos que dentro y fuera de Extremadura son necesarios para resolver los problemas de la financiación autonómica», y que a su juicio son «incompatibles con actitudes cortoplacistas que sacrifican el bien común duradero al efímero rédito partidista y que resultan imposible si se pierde de vista lo que nos une a todos, la defensa de los intereses de Extremadura».

Con ello, ha incidido en que Extremadura tiene una postura «clara y definida» sobre los principios que deben inspirar la reforma pero «no existe consenso nacional» sino que «cada parte prioriza los que se ajustan a sus necesidades y expectativas».

Así, Blanco-Morales ha ahondado en que su posición la ha «mantenido» y mantendrá la Junta de Extremadura «con independencia» del signo político del Gobierno que afronte la reforma porque «Extremadura necesita que el nuevo sistema de financiación asegure el papel del Estado como garante de los principios de igualdad, equidad y suficiencia» y defiende que el nuevo sistema debe allegar fondos adicionales para prestar a los ciudadanos «todos los servicios públicos de los que las CCAA son responsables».

En este punto, Extremadura subraya que «son los ciudadanos y no los territorios los sujetos pasivos de los tributos y los beneficiarios de los servicios públicos», y defiende un sistema que valore «adecuadamente» lo que cuesta prestar los mismos servicios en cada CCAA y en consecuencia prevea los recursos necesarios.

Al respecto, ha pedido que se valoren factores «tan relevantes» como la despoblación, la dispersión, el empleo, la falta de infraestructuras y el riesgo de exclusión social, y que el nuevo sistema «postule la equidad y la solidaridad frente a la ordinalidad y asegure el equilibrio entre lo que necesitan y pueden aportar los ciudadanos que viven en las distintas CCAA de España».

LA SANIDAD EN EL «FRONTISPICIO» DEL DEBATE

De este modo, según Blanco-Morales, la reforma del sistema de financiación autonómica debe afrontarse como una «oportunidad para mejorar la vida de los ciudadanos y no como una pugna entre CCAA o entre éstas y el Estado»; y la «presunta creación» de alianzas entre regiones que comparten características y necesidades «busca reforzar su posición frente a otros bloques también supuestamente antagónicas» en una «retórica de confrontación muy alejada» del ánimo de la Junta, porque la reforma del sistema «no es una contienda, no hay enemigos que vencer ni aliados con los que juramentarse».

«La victoria y la derrota no tienen cabida en un proceso que no admite frentes», ha defendido, «porque la financiación autonómica se destina a la mejora de la vida de los ciudadanos, iguales y con los mismos derechos, no a garantizar posiciones en el ránking de generación de riqueza o a reparar la presunta infrafinanciación… Lo que se dirime es qué servicios públicos queremos prestar a los ciudadanos, la mejor forma de calcular su coste y la manera de contar con los recursos necesarios para pagarlos», ha dicho.

Con ello, ha abogado por que la evaluación de la Sanidad que se necesita se sitúe en el «frontispicio» del debate, porque la pandemia ha subrayado el «valor» de los sistemas públicos de salud y «un argumento para reforzar el sistema» y capacitarlo ante los nuevos productos y terapias que «pueden salvar miles de vida».

Ha defendido en este punto Blanco-Morales que «el peso de la financiación de la Sanidad respecto del PIB tiene que considerarse previamente como elemento esencial y debe aumentar sensiblemente». «Para que no haya diferencias entre ciudadanos y territorios debemos alcanzar en España un gran acuerdo sobre qué servicios públicos necesitamos por ejemplo en el sistema de salud, pero también debemos debatir franca y abiertamente cómo lo pagamos», ha apuntado.

Así, ha defendido que en la Sanidad «los ciudadanos demandan y merecen que no se puede sostener dedicándole menos de 7 puntos del PIB», tras lo que ha considerado que «por eso es tan importante vincular el debate sobre el sistema de financiación con el de la reforma fiscal».

Al mismo tiempo, ha considerado «imprescindible» abandonar el «talante» que exhiben los «partidarios de bloques, los victimistas y los fingidores de agravios», y cree que hay que adoptar una actitud «valiente, madura y responsable, que encare las dificultades y trabaje lealmente con todos los implicados para resolver, sin ocultar el coste ni pretender que otros lo asuman».

«Hay que dejar de perder el tiempo y la energía en alianzas que duran lo que duran un titular, y defendemos que tenemos que centrarnos en los problemas reales: decidir si estamos dispuestos a pagar por una Sanidad, una Educación y una Dependencia y unos servicios públicos de calidad y acordar cómo repartimos la factura entre todos», ha recalcado.