Urkullu, «perplejo» ante la sentencia del TC que ve ilegal nombrar a presidentes autonómicos como autoridades delegadas
SAN SEBASTIÁN, 27
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado su «perplejidad absoluta» ante la sentencia del Tribunal Constitucional que acuerda declarar ilegal tanto el segundo estado de alarma nacional por la crisis sanitaria del covid-19, como el nombramiento de los presidentes autonómicos como autoridades competentes delegadas.
Urkullu ha realizado estas afirmaciones en la rueda de prensa tras la presentación en San Sebastián del Plan estratégico de la Eurorregión 2021-2027, a preguntas de los periodistas, después de que el Tribunal Constitucional haya estimado en parte un recurso de Vox, y haya considerado, respecto a la designación de las autoridades competentes delegadas, que, entre otros motivos, esta decisión contraviene lo dispuesto en la ley orgánica a la que reserva el artículo 116.1 de la Constitución la regulación de los estados de crisis y las competencias y limitaciones correspondientes.
La sentencia del TC indica que el Gobierno «acordó con carácter permanente la delegación, sin reserva alguna de la supervisión efectiva o de la eventual avocación al propio Gobierno, de lo que las Autoridades delegadas pudieran actuar en sus respectivos ámbitos territoriales».
El lehendakari ha manifestado que «en un Estado que se dice autonómico, cuyas comunidades autónomas tienen su ámbito competencial y donde, desde el principio de la declaración del Estado de Alarma, abogábamos y reivindicábamos un modelo de cogobernanza, de gobernanza compartida entre los gobiernos de las comunidades autónomas con el Gobierno español, resulta curioso que haya una manifestación por parte del TC de cara a lo que ha sido un ejercicio supuestamente de delegación» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
«Digo supuestamente –ha proseguido– porque hay un ejercicio permanente, todavía hoy, en este momento en el que nos hallamos, de cogobernanza mediante la participación en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde las decisiones se adoptan de manera absolutamente compartida».
En esa línea, ha recordado que cuando decayó el segundo Estado de Alarma el 9 de mayo, Euskadi «abogaba por la prórroga» del mismo, «previendo situaciones que, desgraciadamente, luego vinieron», y se instaba a las comunidades a que «judicializaran las propuestas que desde cada una se planteaban».
«Vimos la maraña judicial, hemos visto las sentencias por parte del propio Tribunal Constitucional, por parte del Tribunal Supremo, en el Estado español en relación a medidas que comunidades autónomas, en función de nuestro ámbito competencial, abordábamos», ha afirmado.
De este modo, se ha referido también al ámbito de la libre circulación de personas con medidas como los cierres perimetrales, los toques de queda o límites horarios para la movilidad de las personas, y ha insistido en que «eso ha sido una decisión por parte del Gobierno español, escuchado también en su caso, a las comunidades autónomas».
Por tanto, el lehendakari ha insistido en que «aquello que afectaba realmente a los derechos fundamentales de las personas, estaba adoptado como decisión por parte del Gobierno español en virtud del Estado de Alarma y no tanto por las comunidades autónomas».
En el caso de Euskadi, según ha reiterado, «nos vimos limitados por lo que era la decisión sobre los cierres perimetrales o sobre los horarios de cierre por parte de sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en algún caso además con criterio diferente a la propia Fiscalía».
