El BNG lamenta la falta de interés de Hacienda para negociar: «Si no se mueve, el voto puede ser no «
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha lamentado este miércoles en el Congreso que el Gobierno «no está demostrando un gran interés» en que la negociación de los Presupuestos «salga adelante» y ha advertido de que «si el PSOE no se mueve» su voto puede ser «en contra».
Todo ello a pesar de que esta formación, que hace un año rechazó las primeras cuentas del Gobierno de coalición, ha confirmado su intención de no presentar enmienda a la totalidad de cara al debate de la próxima semana, primer examen de las nuevas cuentas públicas.
El BNG considera que este proyecto es mejor que el del año pasado en materia de inversiones para Galicia, pero Rego insiste en que debe mejorar aún más y ha dejado claro en rueda de prensa que la no presentación de enmienda de totalidad no puede interpretarse como un apoyo a las cuentas.
En este sentido, ha señalado la necesidad de modernizar la red ferroviaria, ha recordado el compromiso de mejorar la dotación de juzgados de violencia de género –actualmente hay dos en esta comunidad y el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez era impulsar tres más–, hacer frente a la crisis industrial y avances para una política fiscal más progresiva.
RECUPERACIÓN DE LA AP 9, PEAJES Y COMPENSACIONES
Otro elemento a tener en consideración en la negociación presupuestaria, aunque el BNG no lo plantea como una línea roja, es el rescate por parte del Estado de la concesión de la AP 9, ahora en manos de Audasa.
Rego ha exigido el fin de la concesión después de que la Unión Europea haya declarado ilegales las prórrogas de la misma, que la extienden hasta 2048, y de que la Comisión Galega da Competencia haya alertado de que las compensaciones a Audasa por obras de ampliación de la en los accesos a Vigo y Santiago de Compostela son «excesivas» y pueden ser consideradas «ayudas de Estado».
En concreto, ha denunciado que la empresa ha cobrado 1.463 millones, seis veces más de lo que costaron esas obras, y ha reclamado que el Estado recupere «todos los importes que fueron pagados indebidamente», incluidos los que se cobraron por utilizar la autopista entre 2013 y 2021, que oscilan entre los 1.090 y los 1.400 millones de euros
