El Pleno de Santander aprueba las ordenanzas fiscales con el voto en contra de la oposición en agua y basuras

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado hoy las ordenanzas fiscales para 2022, que han salido adelante con el apoyo o la abstención de todos los grupos excepto las de basuras, alcantarillado y agua, en las que PSOE, PRC y Unidas por Santander (UxS) han votado en contra y Vox se ha abstenido, de modo que han prosperado por el voto de calidad de la alcaldesa, Gema Igual (PP).

Así, la oposición ha criticado la «pésima» e «ineficaz» prestación del servicio de basuras; una «vergüenza» que llevó a «recortar» un 20% el precio de adjudicación del mismo en 2012 mientras se subía «un 125% el recibo a los vecinos, ha recordado.

Y ha censurado lo sucedido con el servicio de Aguas, con dos ejercicios anteriores con la tasa congelada y que ahora se ha «vuelto a activar» –se sube el IPC en 2022– porque no ha sido suficiente para el reequilibrio del contrato, en opinión de PSOE, PRC y UxS.

Los socialistas han hecho hincapié en el servicio de basuras ante una ciudad que «está llena de mierda» porque éste no se ha prestado «ni de lejos» en las condiciones establecidas.

«Los vecinos están pagando el servicio a precio de lujo en una ciudad que está más sucia que nunca», ha dicho su portavoz, Daniel Fernández, que ha asegurado –parafraseando al equipo de Gobierno PP-Cs que afirma que con estas ordenanzas el dinero se queda «en el bolsillo de los santanderinos–, que «el dinero está en el bolsillo de los concesionarios», también los del Agua, porque el recibo subirá un 2,9% en 2022.

En líneas generales, estos grupos han criticado que en Santander no hay una prestación de servicios públicos «eficiente», que en materia fiscal el Ayuntamiento «puede hacer mucho más» y en el hecho de que se hayan rechazado todas sus propuestas para las ordenanzas. Además, socialistas y UxS han coincidido en la falta de progresividad de las medidas.

Unas críticas que ha rebatido el concejal de Hacienda, el popular Víctor García Huergo, que ha señalado que la progresividad fiscal «se cumple perfectamente» y que la bajada de impuestos está «en el ADN del PP», que seguirá «por esa línea».

En cuanto a las basuras, ha afirmado que la tasa es deficitaria, y respecto a la participación en la fiscalidad, ha dicho se han celebrado dos reuniones y que se han adoptado las propuestas del equipo de Gobierno PP-Cs porque eran «acertadas y son líneas de legislatura».

El portavoz socialista ha criticado que las ordenanzas corresponden «al modelo fiscal de la derecha» además de que se trata de «medidas lineales», porque no son progresivas, y «estéticas» como la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que según Fernández se traducirá en «a penas 10 euros» que no compensan «diez años de subidas» y que «no cambian la vida a nadie».

En este sentido, ha calificado las bajadas fiscales de «populistas e insuficientes», además de posibles gracias a los gobiernos central y regional.

La concejala regionalista, Amparo Coterillo, ha lamentado que en el Ayuntamiento, «se acabó la pandemia y se acabó la colaboración» porque no se han tenido en cuenta las aportaciones de la oposición cuando «se puede hacer mucho más esfuerzo» en materias como vivienda o apoyo a empresas, «que se echa en falta».

El portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha lamentado que no se hayan aceptado sus dos propuestas y aunque es favorable a la bajada de la presión fiscal, ha criticado que ésta no se acompaña de una reducción de gastos, que acabarán pagando los santanderinos, ha advertido.

Y el portavoz de UxS, Miguel Saro, ha censurado que el Ayuntamiento no presta eficazmente los servicios cuando gasta tres euros de los 10 que presupuesta. También ha señalado que, en este momento «excepcional» por el Covid, está de acuerdo con los beneficios fiscales, a los que no se ha opuesto con la excepción de basuras y agua.

Mientras, la alcaldesa ha acusado al PSOE de «mentir a los santanderinos» porque la restitución del equilibrio económico-financiero con Aqualia se aprobó en enero de este año, y ha destacado que con estas ordenanzas el Ayuntamiento intenta ayudar a «todas las familias» y a las empresas para que mantengan la actividad porque aún no se han recuperado de la crisis del Covid.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha rechazado que los socialistas hablen de medidas estéticas cuando se dejarán de recaudar 18 millones por el IBI en esta legislatura y ha destacado la «bajada notable» de impuestos como medida para apoyar a vecinos y empresas para combatir la pandemia. «Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los santanderinos», ha remarcado.

ORDENANZAS

Según ha recordado Huergo, las ordenanzas suponen un ahorro para los santanderinos de cuatro millones de euros –3,2 millones por las nuevas medidas y 825.000 euros por la no aplicación de a subida del IPC– e incluyen la rebaja de un 2% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Para el concejal, las modificaciones van a beneficiar «a más de 100.000 vecinos» y el IBI «a todos», lo que es hacer «política social y de promoción económica».

Entre las nuevas rebajas está la del 2% del IBI, que sitúa en el 0,40% el tipo impositivo -el mínimo legal-; la ampliación del 35 al 50 por ciento las bonificaciones para las familias numerosas, que sigue en el 90% en el caso de familias con ingresos inferiores a tres veces el IPREM; así como la bonificación del 10% a los locales de uso comercial, deportivo, industrial y oficinas con actividad y mantenimiento del empleo y otra del 20% para los de uso cultural, espectáculos, ocio y hostelería.

Asimismo, continuará con carácter general por séptimo año consecutivo la congelación o rebaja de tasas y se mantienen en vigor todas las bonificaciones y exenciones fijadas.

También mantiene, durante otro año más, la supresión de la tasa de licencia de apertura, la exención de la tasa de terrazas, la rebaja del 50% en la tasa a quioscos, mercadillos y puestos callejeros y la rebaja del 25% en la tasa de licencias urbanísticas.

Tras la aprobación inicial de hoy en el Pleno, las ordenanzas se someterán a exposición pública durante 30 días hábiles y, si transcurrido ese plazo no hubiera alegaciones, quedarán aprobadas definitivamente. En caso contrario, las alegaciones deberán ser resueltas antes de llevar de nuevo las ordenanzas al pleno para su aprobación definitiva, de cara a su entrada en vigor el 1 de enero de 2022.