El vicepresidente de El Salvador, sobre la penalización del aborto: «Somos una vergüenza en ese campo»

Reconoce que la entrada de los militares en el Congreso a principios de 2020 fue un «error»

Dice que EEUU tiene archivos sobre la masacre de El Mozote y que debe entregarlos

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, ha lamentado este lunes la decisión tomada recientemente por la Asamblea Legislativa del país, que ha cerrado la puerta a la despenalización del aborto en tres supuestos, y ha matizado que El Salvador es «una vergüenza en ese campo».

Ulloa ha descartado en una entrevista concedida a Europa Press la posibilidad de que se produzca un cambio a corto plazo en este sentido, especialmente en un país que posee una de las leyes más restrictivas del mundo sobre esta práctica. «Yo propuse que esto cambiara, lo propuse para la nueva Constitución, pero no avanza porque los sectores conservadores son muy poderosos, sobre todo la Iglesia Católica», ha asegurado.

«La iglesia fue la primera que salió condenando el proyecto y diciendo que yo estaba promoviendo el aborto, que estaba promoviendo el matrimonio igualitario y la eutanasia», ha matizado antes de recalcar que esto «obligó al presidente (Nayib Bukele) a tomar una posición para no estar bajo directo ataque».

Asimismo, Ulloa ha hecho hincapié en que tampoco hay posibilidades de sacar adelante una amnistía para las mujeres encarceladas por someterse a un aborto: «somos una vergüenza en ese campo». No obstante, ha insistido en que un avance en dicha materia «dependerá del Parlamento, de los diputados, a quienes hay que presionar». «La presión no debe dirigirse hacia Bukele o el Gobierno sino hacia los diputados. Son los que toman las decisiones», ha dicho.

A la presión de las iglesias –también la evangélica y protestante–, se suma la de algunos colectivos pro vida, tal y como ha detallado. «Toda esa gente que es muy conservadora es muy poderosa económicamente», ha afirmado.

El vicepresidente, que ha recordado que el Gobierno no tiene poder sobre el orden judicial y legislativo salvadoreño, ha aprovechado la ocasión para aseverar que las autoridades buscan «desmontar el viejo modelo, que estaba en manos de las élites».

En este sentido, ha defendido que la polémica Ley de la Carrera Judicial aprobada por la Asamblea y que supone la destitución de más de 100 jueces tiene un fin «administrativo» pero también de «limpieza del órgano judicial, un sistema constantemente criticado por Estados Unidos».

Para él, los diputados han aprovechado «la posibilidad de jubilarlos o darles la opción de retirarse» dado que existía un «tapón» formado por jueces mayores que «no se jubilaban». «Algunos jueces que no estaban de acuerdo con la política del presidente, una minoría, han dicho que el presidente se había equivocado a la hora de enfocar su lucha contra la corrupción», ha explicado.

Sin embargo, ha incidido en que el propio Departamento de Estado estadounidense había emitido un informe en el que señalaba al poder judicial salvadoreño como «corrupto e ineficiente», algo que ha llevado a muchos a considerar que Bukele «quería quedar bien con Estados Unidos al quitar a esos jueces».

LA MASACRE DE EL MOZOTE

Esta medida ha afectado a jueces como Jorge Guzmán, que se encontraba al frente del caso de la masacre de El Mozote y que ha tildado el nombramiento de nuevos jueces de «inconstitucional». «Lo hemos aclarado muchas veces: los militares involucrados en la masacre nada tienen que ver con los que hay ahora en el Ejército», ha insistido Ulloa.

«Lo que dijo el presidente es que nadie puede acceder a los archivos del Ejército por cuestiones de seguridad nacional. Lo que él está obligado a hacer, por orden judicial, es entregar los archivos de El Mozote, y los ha mostrado», ha subrayado.

El número dos de la Presidencia salvadoreña ha sostenido que esos documentos son «todo lo que hay» y que los anteriores gobiernos «podrían haber destruido pruebas». «Lo que hemos encontrado lo hemos enseñado y hemos cumplido con lo que el juez quería. Otra cosa era entrar, que era una cosa mediática», ha puntualizado. Ulloa ha enfatizado así que «a este juez (Guzmán) no se le dijo que tuviera que irse». El presidente del Supremo le dijo que continuara y él dijo que no», ha añadido.

No obstante, ha señalado que Estados Unidos «debe tener algunos archivos» y está «tratando de darlos». «Los necesitamos, las víctimas necesitan reparación. (…) Estados Unidos los debe tener porque llevaban el registro, tenían asesores militares en el Ejército, personas incluso acompañando las operaciones militares durante muchos de los operativos que el Ejército hizo en el campo», ha declarado.

Sobre la relación del Gobierno salvadoreño con la Administración del presidente Joe Biden, ha alertado de que Washington parece algo «desorientado» por «no saber cómo caracterizar a Bukele». «A veces lo acusan de comportarse como Venezuela y otras veces acusan de la migración a los modelos económicos construidos por élites depredadoras en Centroamérica», ha asegurado.

Aún así, ha admitido que «como cualquier ser humano», desde el Gobierno también se pueden cometer errores. «Algunos dicen que Bukele entró armado con el Ejército para tomarse el Congreso. Yo estaba allí y no, nada de eso», ha aclarado en relación con la irrupción en la Asamblea por parte de Bukele y varios militares a principios de 2020.

«Ese fue un error muy grave: que los militares siguieran a Bukele cuando entró. Allí no se produzco toma alguna, el local estaba vacío, no van a tomarse un local vacío, y los pocos que estaban eran los diputados que nos apoyan. (…) Hay que reconocerlo, pero no es lo mismo que te sigan cuando entras en un sitio a que tú accedas a un sitio con el objetivo de tomarlo», ha añadido.

Al ser preguntado por la descripción de Bukele, que se ha calificado alguna vez a sí mismo como «dictador» o «emperador», Ulloa ha indicado que el presidente «tiene su estilo» y que esto supone una «forma de reírse, de burlarse de los críticos».

LIBERTAD DE PRENSA Y PROTESTAS

Sobre la relación del Gobierno y los medios de comunicación, el vicepresidente ha dilucidado que existe libertad de prensa en el país, donde los periodistas llegan a «calumniar e incluso insultar al presidente», y ha culpado de gran parte de las críticas vertidas contra Bukele a nivel internacional a la «falta de rigor periodístico».

«Los medios internacionales se limitan a tomar como fuentes medios de El Salvador que no tienen simpatía hacia el Gobierno de Bukele. (…) Se trata de medios que trabajan para el sistema que está tratando de ser sustituido», ha expuesto, si bien ha pormenorizado que se ha producido una especie de deterioro que se traduce en «cambios sustanciales». «Si tú estás a favor del antiguo régimen sí se te está deteriorando la prensa, porque eso hacemos, combatir el nepotismo, la corrupción, ese modelo. Y si estás de ese lado se producen los cambios previstos», ha expuesto.

Detrás de las críticas contra el presidente, ha dicho, se encuentran fundamentalmente «grandes medios, grandes intereses corporativos y la gran banca, (…) quienes no están contentos con el bitcoin». «Estos son los ataques al Gobierno, que pueden tener algún componente de verdad, porque toda mentira lo tiene, pero hay una exageración de los hechos», ha continuado el vicepresidente, que ha defendido fervientemente la decisión de adoptar el bitcoin como divisa legal a pesar de las protestas del último mes.

El también abogado ha insistido así en que las protestas no reflejan el descontento general de la población y están siendo protagonizadas por una mayoría. Además, ha rechazado la idea de que el Gobierno convoque una contramanifestación por considerar que sería «incorrecto éticamente por el alto coste sanitario que acarrearía en plena pandemia», al tiempo que ha desmentido que las autoridades hayan amenazado con meter en la cárcel a aquellos que acudan a las marchas.