Cs pregunta al Gobierno por qué no actuó contra el aval de la Generalitat para las fianzas de los líderes del procés
Ciudadanos quiere saber por qué el Gobierno no recurrió al Tribunal Constitucional el decreto ley de la Generalitat de Cataluña que autorizaba al Instituto Català de Finances (IFC) a avalar las fianzas de 5,4 millones de euros a los líderes del procés impuestas por el Tribunal de Cuentas por el presunto uso irregular de fondos para las llamadas embajadas catalanas y el Diplocat.
En una batería de preguntas registradas en el Congreso, y recogidas por Europa Press, el partido naranja sostiene que ese decreto es «un flagrante caso de fraude de ley» porque la citada entidad pública que presta el aval «es precisamente la perjudicada por el posible uso indebido de fondos públicos que se investiga».
Tanto es así que en el propio IFC, según relata Cs, se produjo una situación «de máxima tensión y división» en la que sólo apoyaron la concesión del aval para evitar los embargos de bienes de los líderes del procés los miembros dominicales (cargos políticos del Govern) y se opusieron todos los miembros independientes.
«PASIVIDAD CÓMPLICE»
Los de Inés Arrimadas denuncian que el Gobierno haya dejado transcurrir los tres meses que marca Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para poder recurrir el citado decreto ley ante el Alto Tribunal, lo que, a su juicio, supone «una muestra más de sus cesiones ante el independentismo».
Celebran, no obstante, que esta «pasividad cómplice» del Gobierno no haya afectado al «recto» ejercicio de sus funciones por parte del Tribunal de Cuentas, que ha acabado rechazando los avales de la Generalitat al entender que la propia legislación catalana «no ampara las actuaciones irregulares de responsables públicos realizadas bien con conocimiento pleno de la improcedencia del gasto o con imprudencia consciente al realizarlo o autorizarlo».
Así las cosas, el diputado de Cs José María Espejo pide al Gobierno pronunciarse sobre si el decreto ley promulgado por la Generalitat constituye una medida de regeneración política y lucha contra la corrupción, y si ése es precisamente el motivo por el que no ha interpuesto el correspondiente recurso de inconstitucionalidad contra el mismo.
«¿No considera el Gobierno que hubiese resultado adecuado interponer tal recurso toda vez que este decreto puede facilitar la impunidad de los responsables criminal o contablemente por casos como el del 3% o el caso Palau?, reza otro de los interrogantes.
