Unión de Uniones cree que cualquier PAC que no se enfoque al agricultor profesional «será un fracaso»

Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los representantes de las comunidades autónomas, que este jueves se reunirán en la sectorial de agricultura para abordar el plan estratégico nacional de la Política Agrícola Común (PAC), que apuesten por una «verdadera reforma» que corrija los desequilibrios de la actual en la distribución de ayudas y apoye a los agricultores y ganaderos profesionales.

En concreto, la organización agraria ha subrayado en un comunicado en la previa de la sectorial que sería un «fracaso» para el sector si en el posible acuerdo final no se incluye una definición de agricultor activo equiparable al profesional.

Unión de Uniones ha señalado que, para fomentar la innovación, sostenibilidad y resiliencia de las explotaciones, la PAC debe enfocarse a un modelo de agricultura profesional implicado con el sector y el territorio.

Para ello, la organización sigue sosteniendo que se debe considerar agricultor activo como beneficiario de ayudas a aquel cuyos ingresos procedan en más de un 25% de la actividad agraria.

Unión de Uniones no pone objeciones a que se exija igualmente la inscripción en el correspondiente régimen de seguridad social como propone el Ministerio, pero rechaza «tajantemente» el umbral de 5.000 euros de ayudas anuales por debajo del cual los anteriores requisitos no serían necesarios para percibir pagos directos.

La organización ha insistido en las posiciones que ha ido defendiendo durante estos dos años de debate y critica el retroceso que aprecia en las propuestas y definiciones que plantea ahora el Ministerio de Agricultura como base de negociación a las CC.AA., porque no permiten asegurar un nivel adecuado de ayudas a la renta a las explotaciones agrarias cuyos titulares son agricultores y ganaderos profesionales.

Unión de Uniones ha señalado que, de no prosperar las propuestas de la organización, para estos profesionales supondrán un mayor perjuicio las nuevas exigencias ambientales básicas, la financiación de los nuevos ecoesquemas, los posibles efectos negativos de la convergencia y el recorte del límite máximo que puede destinarse a ayuda básica a la renta.