Interior destina más del 80% de presupuesto a seguridad ciudadana y dota con 1.272 millones a Prisiones
El Ministerio del Interior destina más del 80% de su presupuesto en gasto de personal para seguridad ciudadana, ya que reserva 6.098 millones de euros en «garantizar» este servicio a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También dota con 1.272 millones al sistema penitenciario en su objetivo de «potenciar el carácter de reeducación y reinserción social frente al aspecto represor de conductas socialmente inaceptables».
Las dotaciones destinadas a las actuaciones que garanticen la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos ascienden a 7.442 millones de euros, lo que supone un 73,3% de la política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias, con «un incremento del 5,2 por ciento respecto al ejercicio anterior».
Según recoge el Libro Amarillo de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, consultado por Europa Press, «el componente principal de esta dotación lo constituyen los gastos de personal, que ascienden a 6.098 millones de euros, representando el 81,9 por ciento del total».
El Ministerio del Interior verá aumentado su presupuesto de gasto para 2022 hasta un total de 9.362 millones de euros, 455 millones más que el ejercicio anterior. En 2021, el presupuesto del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska alcanzó los 8.906 millones de euros, con un incremento de 335 millones (3,91%) con respecto a 2020.
INDEMNIZACIONES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El Libro Amarillo recoge la importancia de «disminuir vulnerabilidades» en la lucha contra el terrorismo yihadista y, en el ámbito nacional, ve «necesario impulsar la lucha contra la impunidad y afianzar la deslegitimación de la violencia y consolidar lamemoria de las víctimas».
En este sentido, menciona el abono de las indemnizaciones para la protección de las víctimas de actos terroristas, que se ha dotado con una partida de 14 millones de euros, «susceptibles de ampliación».
En el ámbito penitenciario se apunta a la consecución del objetivo de la reinserción social continuando con actividades educativas, formativas y laborales, e introduciendo «nuevos modelos de gestión que permitan impulsar unidades terapéuticas y educativas o potenciar programas específicos como los de tratamiento para condenados por violencia de género, agresores sexuales, internos en régimen cerrado, personascon discapacidad, enfermos mentales, drogodependientes y de prevención desuicidios».
También apuesta por «fomentar medidas alternativas a la prisión que posibiliten una reinserción social efectiva», así como «intensificar las medidas de control, seguridad e información sobre aquellos internos especialmente peligrosos por su pertenencia a bandas armadas, en concreto, integristas yihadistas y miembros de la delincuencia armada».
Además cita el despliegue de un programa de «capacitación digital de las Administraciones Públicas», dirigido a la formación encompetencias digitales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de «robustecer la capacidad en ciberseguridad, ciberinteligencia, hacking o ciencias forenses».
