Las dudas sobre las competencias marítimas de los Mossos vuelven al Congreso, que rechazó blindar a la Guardia Civil

Marlaska dice que el Instituto Armado es el único que hace de policía judicial pero la oposición ve un «conflicto» silenciado por el Gobierno

El PSOE y sus socios parlamentarios frustraron esta semana en la Comisión de Interior del Congreso un nuevo intento de frenar el plan de la Generalitat de convertir a los Mossos d Esquadra en una policía con competencias marítimas, en detrimento de la Guardia Civil. Vox, PP y Ciudadanos ven un «conflicto competencial» silenciado por Gobierno, ya que necesita el apoyo de partidos independentistas y nacionalistas en los presupuestos generales del Estado.

Vox no consiguió apoyos suficientes para una proposición no de ley que buscaba «blindar» a la Guardia Civil en esta materia. El debate tuvo su continuación en el Pleno del Congreso, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró en una interpelación urgente que las competencias están ya delimitadas y existe coordinación entre cuerpos policiales.

El Instituto Armado, según sostiene el titular del Interior, es el único con competencias de policía judicial y los Mossos asumen funciones administrativas. En la práctica, según explican a Europa Press fuentes policiales, esto supone que la policía catalana puede actuar tan sólo en aquellas cuestiones que son susceptibles de ser sancionadas administrativamente, en ningún caso si mediara delito penal.

El problema, según otras fuentes, es que muchas de las intervenciones se derivan desde el servicio de emergencias 112, que depende de la Administración catalana y en cuya sala no hay representación por parte de Guardia Civil ni Policía Nacional, de ahí que surjan conflictos en la práctica ante la activación de los cuerpos policiales.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE POLICÍA JUDICIAL

El choque de competencias se remonta a 2008, cuando los Mossos crearon una unidad acuática para patrulla marítima a semejanza de los GEAS de la Guardia Civil. En 2019, la Comisión Nacional de Policía Judicial abordó la cuestión como órgano de coordinación reglado que agrupa al CGPJ, los ministerios de Interior y Justicia, la Fiscalía General del Estado y los departamentos de Interior con competencia en la materia, es decir Cataluña y País Vasco.

El ministro Grande-Marlaska se remite a esta decisión en sus intervenciones, ya que la comisión determinó por mayoría que la Guardia Civil asumiera todas las competencias policiales que tuvieran como escenario el mar, interior y exterior, funciones que en la actualidad las suscriben los especialistas del Instituto Armado.

«Las competencias entre el conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad se mantienen conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Policía Judicial de 2019, en la que este ministro estuvo presente», sostuvo Grande-Marlaska el pasado miércoles desde la tribuna del Congreso en un debate el que afeó a Vox su empeño por buscar la «confrontación» entre cuerpos policiales.

DESPLIEGUE DE MOSSOS CON EMBARCACIONES

La Generalitat ha seguido con su estrategia al poner en marcha en 2020 la Policía Marítima de los Mossos d Esquadra, lo que desde asociaciones de la Guardia Civil como AUGC denunciaron porque entendían que «podría abocar a la salida de los especialistas de la Guardia Civil del mar en Cataluña», comparando la situación con la vivida en el País Vasco o en Navarra.

También se quejaban desde las asociaciones de la publicación en el BOE del acuerdo por el que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana daba luz verde a un convenio para la formación «formación marítima que deben recibir los integrantes de Mossos d*Esquadra y el cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña para el gobierno de las embarcaciones adscritas a dichos cuerpos en aguas marítimas».

A finales de agosto, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, presentó en el Port de la Selva (Girona) una nueva embarcación con la intención de añadirla a las que ya están patrullando para facilitar el «despliegue operativo de la Policía Marítima a lo largo del litoral catalán».

Según la intervención del conseller –que se reunió recientemente con Grande-Marlaska en Madrid, emplazándose ambos a celebrar en breve una Junta de Seguridad–, la nueva embarcación de 12 metros de eslora serviría, además de en situaciones de rescates y otras emergencias, para «incrementar el patrullaje dentro del mar y evitar delitos».

La Cap de Creus tiene dos motores y navegará por Palamós (Girona) para incrementar la presencia policial en el litoral. Según la Generalitat, es la primera de las tres embarcaciones que añadirán los Mossos d Esquadra antes de que acabe el año: otra navegará por Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y otra por Ametlla de Mar (Tarragona).

«No venimos a hacer el trabajo de otros, el despliegue es para ejercer nuestras propias competencias y responsabilidades con la cooperación recíproca con otros cuerpos operativos. El despliegue policial se impulsa para sumar, así serviremos mejor a la ciudadanía de Cataluña», añadió en la presentación de la embarcación el jefe de los Mossos d Esquadra, Pere Ferrer.

DEBATE EN LA COMISIÓN DE INTERIOR

Ante la Comisión de Interior del pasado lunes, el diputado del PSOE Francisco Aranda Vargas insistía en esta idea del «auxilio mutuo» entre cuerpos policiales. Además, apuntó que no existe ninguna ley en tramitación que busque quitar competencias marítimas a la Guardia Civil. «Lo único que les interesa es sembrar desconfianza, sólo les interesa la desestabilización», reprochó en referencia a Vox, que contó en el apoyo de PP y Ciudadanos.

La diputada de Vox, Macarena Olona, denunció la «nueva cesión» ante partidos independentistas por permitir el plan de la Generalitat, que supone «abrir un conflicto competencial» con la Guardia Civil, ya que la comisión de Policía Judicial lo que estableció es que los Mossos sólo podrían actuar en funciones administrativas en las aguas interiores, «es decir, ríos, canales o embalses».

«Es otro paso más para dar satisfacción al gobierno independentista catalán», continuó el portavoz popular, Jaime Miguel Mateu Istúriz, que censuró la «actitud silente» del ministro Grande-Marlaska.

«La realidad es que el Estado se encuentra en una situación de debilidad», insistió el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, que unió esta cuestión a la posible salida de la Policía de la sede de Vía Laietana en Barcelona, si con ello los partidos independentistas dan su apoyo a los presupuestos generales.