La regulación de los lobbies en el Congreso propuesta por el PSOE sigue adelante tras rechazarse la alternativa del PP

Los populares sólo querían sanciones para lobbistas , pero la que se tramita plantea castigos que llegan hasta quitar pluses a los diputados

La reforma del Reglamento del Congreso para regular la actividad de los lobbies en la Cámara, auspiciada por el PSOE, continuará su tramitación parlamentaria una vez que el Pleno ha rechazado este jueves el texto alternativo a la misma que había propuesto el PP y que ha contado con el apoyo de Vox.

La Cámara aceptó la pasada primavera tramitar la reforma auspiciada por el PSOE, aunque muchos grupos la criticaron por ser excesivamente rígida y ya avisaron de que presentarían numerosas enmiendas para modificarla, un discurso que han repetido este jueves.

Pero el PP optó directamente por presentar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo para que el Congreso tramitase su propuesta en lugar de la de los socialistas.

Durante su presentación, el popular Pedro Navarro ha criticado la iniciativa del PSOE por contener, a su juicio, un «régimen sancionador discrecional y abiertamente inconstitucional» y por someter a los diputados al «control subjetivo de la Mesa del Congreso mientras el Gobierno sigue sin control», habida cuenta de que la regulación de las relaciones del Ejecutivo con los grupos de presión no está prevista hasta finales de 2022.

El grueso de los partidos que han intervenido, entre ellos Unidas Podemos y el BNG, se han mostrado favorables a continuar con la tramitación del texto de los socialistas, si bien incidiendo en que intentarán que no se equipare a las plataformas ciudadanas, las ONG o los sindicatos, por ejemplo, con las grandes empresas a la hora de regular su relación con los parlamentarios.

Salvo Vox, que ha apoyado la alternativa del PP. Su diputado Ignacio Gil Lázaro ha coincidido con los populares en que el régimen sancionador planteado por el grupo mayoritario es «bananero, kafkiano e inconstitucional en potencia» porque invita a «la sanción y la denuncia generalizada». «El del PP es un texto sensiblemente mejor que el inmenso bodrio jurídico que la del PSOE», ha sentenciado.

Por su parte, el socialista Julio Navalpotro ha rechazado la propuesta de los de Pablo Casado por considerar que se trata de una reforma «de mínimos» con la que sólo se busca «diluir» la presentada por su formación que es, ha enfatizado, «mucho más ambiciosa».

En sus respectivas iniciativas, recogidas por Europa Press, los dos partidos mayoritarios plantean la creación de un registro de lobbies en la Cámara, que tendrá carácter público. Pero, mientras el PSOE especifica que se le dará publicidad en la página web del Congreso, el PP no detalla cómo se publicitará.

Según la propuesta del PP, los grupos de interés deberán dejar constancia en ese registro de sus reuniones con diputados o personal adscrito a la labor parlamentaria «acompañando copia de la documentación en formato electrónico de la presentada durante esos encuentros».

Por contra, el PSOE es partidario de que sean los diputados o grupos parlamentarios los que comuniquen el contenido de su interlocución con los lobbies , que también se publicará en la web del Congreso. «Se difundirá en todo caso la identidad de las personas que han entablado la comunicación, la fecha y las materias en torno a las que se ha ejercido la actividad de influencia», especifican los socialistas.

PP: INFORMACIÓN RESERVADA

En todo caso, el Código de Conducta que obliga a diputados y senadores desde el pasado mes de octubre, establece que los parlamentarios deben hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, «incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés».

Además, el PP introduce la posibilidad de que «la parte que entregue la documentación» de las reuniones con representantes de estos grupos solicite «que su contenido sea considerado reservado por motivos económicos y comerciales, secreto profesional, propiedad intelectual o industrial o por exigencias normativas», una salvedad que no menciona el PSOE.

El primer partido de la oposición determina que sea la Presidencia de la Cámara, «con el parecer favorable de la Mesa y la Junta de Portavoces», la que evalúe «la conveniencia de la reserva» y adopte «las disposiciones necesarias para garantizar la publicidad del registro, con las garantías suficientes para proteger los datos que deban permanecer reservados».

INFORME DE HUELLA LEGISLATIVA

Los dos partidos sugieren la creación de un expediente de huella legislativa de cada ley que se tramite en el que se recojan todos los cambios que se produzcan en el texto. Ambos piden que ahí se incluya toda la información aportada por los grupos de interés» sobre la iniciativa correspondiente y los socialistas apuntan también que al registrar cualquier iniciativa los grupos deberán comunicar si ha sido inspirada por un lobby .

Ambos grupos plantean inclusión en el Reglamento de un código de conducta para los lobistas y posibles sanciones, si bien, los socialistas son mucho más precisos porque dividen la infracciones en leves, graves o muy graves y recogen una graduación de sanciones que irán desde el apercibimiento hasta la suspensión de la inscripción en el registro indefinida en el peor de los casos.

El PP también contempla la cancelación de la inscripción del grupo infractor y la prohibición de acceso a la Cámara, pero deja en manos de la Mesa del Congreso la decisión sobre la duración el castigo en función de la gravedad de la infracción.

A diferencia el PSOE, los populares no concretan quién puede iniciar el procedimiento de infracción, una función que los socialistas delegan en un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso o de sus comisiones, el secretario general de la Cámara, cuya Secretaría se encargará en todo caso de instruir el procedimiento dando audiencia a los afectados. La Mesa del Congreso será la que imponga la sanción.

CASTIGAR DATOS FALSOS

Por su parte, los socialistas incluyen también sanciones para los diputados y grupos que incumplan las obligaciones relativas a los lobbies , pero aprovechan su iniciativa sobre los grupos de interés para plantear castigos a los parlamentarios que incumplan el Código de Conducta de las Cortes, que falseen sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, no las presenten u omitan información en las mismas.

En este contexto, apuestan por sanciones que irán desde el apercibimiento y la publicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputado o el grupo de que se trate hasta la retirada de cargos y complementos salariales del diputado que haya incurrido en infracción, exceptuando los establecidos constitucionalmente, es decir, su sueldo base.

Otra de las especificidades de la iniciativa del PSOE es que, en su código de conducta para los grupos de interés, prohíben ser lobistas a quien haya ostentado diputado, senador o alto cargo del Gobierno central en los cuatro años anteriores, así como quien haya sido inhabilitado judicialmente para ocupar un cargo público.