Las interrupciones voluntarias de embarazo descendieron en 2020, hasta 88.269, casi un 10% respecto al año anterior

El 84,51% de abortos se realzaron en centros derivados (concertados o no) y el 15,49% en centros públicos

Las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) descendieron en 2020 hasta las 88.269, un 10,97% menos con respecto al año anterior, cuando llegaron a registrarse 99.149. Así, la tasa se sitúa en 10,30 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, frente a los 11,53 de 2019, según se desprende del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo publicado este martes por el Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día Mundial del Aborto Seguro.

Tal y como se apunta desde la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, esta disminución podría deberse a la situación excepcional causada por la pandemia provocada por la COVID; un descenso que se produjo en todas y cada una de las comunidades autónomas y en todos los grupos etarios.

Como indica, la mayor parte de las IVE tiene lugar durante las primeras semanas del embarazo. Así, el 71,85% de las mismas se registraron antes de la octava semana de gestación, mientras que sólo el 0,18% se produjo más allá de la vigésimo tercera semana.

En cuanto al uso de anticonceptivos, según los datos el 41,31% no utilizaban ninguno. Por otro lado, las 88.269 interrupciones incluidas en el Registro Estatal fueron realizadas en un total de 207 centros autorizados, siendo el 84,51% de los mismos centros derivados (concertados o no) y el 15,49%, centros públicos.

El Ministerio de Sanidad tiene entre sus prioridades seguir impulsando la Estrategia de Salud Sexual y reproductiva en un trabajo conjunto con las comunidades y ciudades autónomas y las sociedades científicas y asociaciones. Esta Estrategia incluye la prevención de embarazos no deseados y la promoción de la planificación familiar.

«El Departamento que dirige la ministra Carolina Darias tiene el firme propósito de seguir garantizado el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mejorando el acceso de esta prestación en el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que valora el trabajo que desarrollan todas y todos los profesionales sanitarios dentro y fuera del Sistema a favor de la salud y la seguridad de las mujeres», advierte en una nota

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