El Gobierno descarta que los fondos de AECID concedidos a ONGD se estén usando para financiar a terroristas

Vox se interesó por la cuestión a raíz del caso de la española Juana Ruíz, detenida por Israel

El Gobierno considera que no existe «riesgo real» de que los fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que reciben las ONGD para financiar sus proyectos estén sirviendo en última instancia para respaldar económicamente actividades terroristas.

Así se desprende de una respuesta por escrito del Gobierno a una pregunta parlamentaria de Vox, en la que los de Santiago Abascal se hacen eco de las denuncias realizadas por Israel de que la ONG para la que trabajaba en Cisjordania la española Juana Ruiz, detenida desde el pasado abril, desvió fondos para apoyar al Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), considerado como organización terrorista tanto por la UE como por Estados Unidos.

Vox, que no menciona en ningún momento el caso de Ruiz en su pregunta, se remite al encuentro mantenido el pasado 3 de junio por la mesa y los portavoces de la Comisión de Exteriores del Congreso con el director general de Política del Ministerio de Exteriores israelí, Alon Bar.

En dicha reunión, el que fuera hace unos años embajador israelí en España «aseveró que existe la posibilidad de que fondos de Cooperación españoles hayan podido acabar en manos de terroristas a través de organizaciones tapadera creadas por los mismos», ofreciendo por ello a Exteriores «la creación de un grupo de trabajo en el que poder tratar este asunto y dar a conocer las pruebas» de las que dispone Israel.

Con ello, Bar se refería presumiblemente al caso de Ruiz. La española, que reside desde hace más de tres décadas en Cisjordania, fue detenida el 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes y permanece en prisión provisional, acusada de un total de cinco cargos, tres en relación con su trabajo en la ONG palestina Health Work Committees (HWC) –ilegal a ojos de Israel–, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones.

Así las cosas, los de Abascal pidieron al Gobierno que aclarara si el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende AECID, está investigando esta cuestión y si iba a aceptar la creación del grupo de trabajo propuesto por Israel. Asimismo, preguntaron si iba a «recabar del Estado de Israel las pruebas mencionadas» y, de no hacerlo, si lo haría «algún otro organismo del Estado».

EL GOBIERNO DEFIENDE LOS CONTROLES DE AECID

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno no responde a la propuesta de Israel y no menciona en ningún momento tampoco las acusaciones realizadas por este país y el caso de Juana Ruiz, que Exteriores ha asegurado seguir de cerca desde el momento en que se produjo el arresto.

Así, el Ejecutivo se limita a explicar las distintas leyes y normas que establecen «las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo». «A partir de la recepción de los fondos por parte de las entidades adjudicatarias (…) se pone en marcha un exhaustivo mecanismo de verificación y control de la utilización de la financiación concedida».

En este sentido, «se realiza un seguimiento de las actividades subvencionadas para supervisar que la ejecución» cumple con la ley, que estipula que los receptores de la subvenciones «deben someterse a las actuaciones de comprobación de la AECID y de las empresas contratadas por la misma, así como de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas».

Las ONG para el desarrollo que reciben los fondos de AECID «están obligadas a presentar a la unidad gestora, a través del Departamento de ONGD, en los plazos y formatos establecidos, los preceptivos informes anuales de seguimiento y finales que contendrán la información y justificación económica relevante del periodo informado», recuerda el Gobierno. Además, podrán ser objeto de «auditorías como forma de justificación».

«El incumplimiento de las obligaciones de las entidades beneficiarias en la convocatoria, así como la no realización de los objetivos previstos o la deficiente justificación del gasto de la subvención concedida puede suponer el inicio de un procedimiento de reintegro de la subvención», subraya el Gobierno.

Puesto que «la AECID comprueba sistemáticamente que la entidad receptora no está incluida en el régimen de sanciones establecido por la UE y por Naciones Unidas», el Gobierno entiende que «ninguno de los proyectos de la AECID tiene riesgo real de verse afectado por las informaciones mencionadas en la pregunta».