Bolaños busca esta semana apoyos a los PGE y un acercamiento con PP en su primera ronda de reuniones con partidos

Su primera reunión será el martes con la portavoz del PP e intentará que el partido de Casado se siente a negociar la renovación del CGPJ

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, celebra desde este martes su primera ronda de reuniones presenciales con los portavoces de todas formaciones parlamentarias y, en ese contexto, aprovechará pada pedir su apoyo a los próximos Presupuestos Genersles del Estado, y tratará de buscar un acercamiento con el PP para intentar que el partido de Pablo Casado se siente a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace casi tres años.

De hecho, su primera reunión será precisamente con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, el martes 21 a las 13.15 horas. Como es habitual, el orden irá de mayor a menor, dejando para el final los encuentros con los portavoces de los dos partidos que conforman el Gobierno –PSOE y Unidas Podemos–, segun informan fuentes del Ministerio.

La renovación del CGPJ será uno de los temas fundamentales que marcarán la ronda de contactos, si bien también tendrán un gran protagonismo los Presupuestos para 2022 que el Gobierno prevé aprobar, como tarde, a principios de octubre, y para los que necesita volver a recabar el apoyo de sus socios parlamentarios. A esta negociación el Ejecutivo llega tras reforzar su relación con ERC, con el reinicio de la mesa de diálogo.

El ministro de la Presidencia emprende esta ronda con el objetivo de «entablar diálogo entre diferentes», con todos los partidos, y «pedirles responsabilidad y sentido de Estado» para «lograr acuerdos útiles», en un momento en el que las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición están más tensas que nunca.

SÁNCHEZ Y CASADO LLEVAN MESES SIN HABLAR

El presidente Pedro Sánchez lleva meses sin hablar con Casado, y tampoco tiene previsto llamarle próximamente para pedirle personalmente un acuerdo para el CGPJ. Mientras sube el nivel de crispación en sus reproches mutuos, el jefe del Ejecutivo ha delegado en Bolaños la negociación para renovar el Poder Judicial, aunque ambas partes reconocen que están totalmente estancada.

«España necesita acuerdos y yo les tiendo la mano para que podamos lograrlos», aseguró Bolaños en su primera comparecencia en el Congreso el 9 de septiembre tras asumir el julio su cargo como ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y principal coordinador político del Ejecutivo, tras la salida de Carmen Calvo.

De este modo, la de esta semana será su primera ronda de reuniones con los partidos, aunque tras tomar posesión en julio ya hizo una ronda telefónica, antes del parón estival, para establecer un primer contacto. Es ahí cuando Bolaños les emplazó a verse en septiembre, con el inicio del nuevo curso político.

Esta ronda llega ahora en un momento clave para los planes del Ejecutivo, en la medida en que necesita atar cuanto antes los apoyos necesarios para sacar adelante los nuevos Presupuestos; unas cuentas que tiene previsto presentar en tiempo y forma, y que defiende como la llave para emprender una «recuperación justa» en España tras la pandemia.

NEGOCIACIÓN DE LOS PGE

El Ejecutivo espera volver a contar con sus aliados parlamentarios habituales, es decir, con la mayoría de las fuerzas nacionalistas e independentistas. La buena relación entre el PSOE y ERC, que se ha visto reforzada con la reactivación de la mesa de diálogo, hace indicar que la negociación en esa dirección va por buen camino.

Hace un año, Sánchez logró sacar adelante in extremis los Presupuestos para 2021 tras arduas negociaciones con sus socios, empezando por sus compañeros de gobierno de Unidas Podemos. Finalmente se aprobaron con 188 votos a favor de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria. En contra votaron el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y el BNG.

A todos ellos, también a los que votaron en contra –especialmente a Ciudadanos–, Bolaños les pedirá esta semana en persona su apoyo a las nuevas cuentas, con el argumento de que se trata de un requisito fundamental para abordar la recuperación tras la crisis sanitaria del coronavirus.

Para ello, jugarán un papel fundamental los fondos europeos que suponen la llegada de nuevas partidas por importe de 75.000 millones para estos tres años. Los Presupuestos para 2022 irán en línea con las orientaciones presentadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España ante por la Comisión Europea.

Según explicó el propio Sánchez en su discurso de apertura del curso político, las cuentas supondrán un apoyo a la recuperación, evitando «una retirada prematura» de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea, sobre todo, para hacer realidad el «impulso reformista» que ha planeado el Gobierno.

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros dio luz verde al límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto , del Presupuesto del Estado para 2022, que se mantiene en los 196.142 millones de euros, lo que supone apenas 45 millones más que la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.

Pero antes de llegar al Congreso, PSOE y Unidas Podemos deben terminar de negociar las cuentas dentro de la coalición; una tarea que comenzaron ya hace semanas, y que vuelve a poner el foco en sus principales discrepancias, como la futura ley de vivienda, que deberían haber aprobado hace meses –según el acuerdo para los Presupuestos de 2021–, o la reforma laboral.

A este respecto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, líder de los morados en el Gobierno, Yolanda Díaz, ya señaló que sus prioridades son la reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.

Sobre la reforma fiscal, tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido en varias ocasiones en que se pretende abordar una vez se haya recuperado la economía.

Ambas argumentan que ya se ha puesto en marcha un comité de expertos que deberá tener sus conclusiones sobre la reforma del sistema tributario español en febrero de 2022, con lo que el grueso de la reforma no entraría en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación.