El Ministerio de Transportes colaborará con la Autoridad Laboral Europea para impulsar inspecciones
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha trasladado su compromiso con la Autoridad Laboral Europea (ALE) para coordinar e impulsar la cooperación de los Estados Miembros de la Unión Europea en inspecciones de empresas fraudulentas, en particular para las inspecciones de empresas buzón y en la lucha contra prácticas ilegales.
Así lo han acordado este jueves la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, y la secretaria General de Transportes y Movilidad, María José Rallo, que han mantenido una reunión con el director ejecutivo de la Autoridad Laboral Europea (ALE), Cosmin Boiangiu.
Todos han destacado la importancia de buscar fórmulas para que la recuperación y la salida de la crisis se lleve a cabo de una forma socialmente sostenible y de trabajar por conseguir la paz social en los distintos sectores del transporte.
En el ámbito del transporte por carretera, la voluntad es la de participar en inspecciones concertadas y conjuntas con otros Estados Miembros para garantizar la efectividad de las inspecciones realizadas en la lucha contra las empresas buzón y los falsos autónomos de carácter internacional.
Asimismo, las representantes del Ministerio han destacado la importancia de que ALE realice campañas de información y seminarios coordinados con los Estados Miembros para la divulgación de la normativa de los trabajadores desplazados, dirigidos a las empresas de transporte, así como programas de formación para el personal participante en las inspecciones concertadas y conjuntas, introduciendo un protocolo de buenas prácticas.
También han pedido a ALE que impulse la ejecución de los Planes Nacionales de Inspección por parte de todos los Estados Miembros en los que se determine el carácter prioritario de la lucha contra las empresas buzón en sus diversas modalidades y su comunicación.
En relación con el transporte aéreo, han pedido el apoyo de ALE para impulsar una modificación del reglamento comunitario que incluya una definición común de base de operaciones, como herramienta clave para identificar la legislación nacional que se aplica a cada trabajador. Además, han propuesto que se busquen fórmulas para premiar a nivel europeo a las aerolíneas que apliquen unas prácticas socialmente responsables.
