Los accionistas minoritarios amenazan al Gobierno con una batalla legal por unas medidas de la luz «injustas»
Aemec cree que rompen las reglas del juego y atentan contra el derecho europeo
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) impugnará ante la justicia tanto española como europea las medidas aprobadas por el Gobierno para abaratar el recibo de la luz y que supondrán la devolución por parte de las eléctricas de hasta 2.600 millones de euros durante los próximos 6 meses procedentes de los denominados beneficios caídos del cielo .
El asesor jurídico de Aemec, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo y presidente del comité jurídico de Betterfinance, Francisco Estévez, ha calificado estas medidas de «injustas» ante la prensa, asegurando «que causan un claro daño al patrimonio de los accionistas de las compañías eléctricas».
«Los propietarios de las eléctricas no son entes abstractos, sino que son sus accionistas. Estas medidas producen un daño patrimonial evidente y constituyen una incautación de la cuenta de explotación de las empresas afectadas, rompiendo así el principio esencial de confianza legítima y causando un claro daño a los inversores», ha añadido.
El jurista está convencido de que la minoración aprobada por el Ejecutivo ocasionará un daño indemnizable con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la regulación europea, por lo que advierte que ejercerá, en representación de los accionistas minoritarios, todas acciones legales pertinentes: un contencioso administrativo en España y una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No obstante, la asociación todavía no ha comenzado ninguna acción legal, sino que es más bien una advertencia, aunque con la vista puesta en interponerlas en el futuro. De momento, solo ha hecho alusión a que ningún otro país europeo ha aprobado una medida de este tipo.
«Queremos expresar nuestra preocupación por el mensaje que traslada el Reino de España cuando su Gobierno interviene en el mercado aludiendo a las empresas eléctricas. Parece algo más propio de otras latitudes que de las europeas y supone un pérdida de seguridad jurídica y de reputación internacional del país, lo que causa un daño año enorme, no solo a empresas y accionistas, sino también al conjunto de los ciudadanos», ha indicado Francisco Estévez.
«INTERVENCIONISTAS Y DISCRIMINATORIAS»
En su opinión, y en nombre de la asociación, el problema del precio de la luz debe ser abordado «de fondo» y no con estas medidas «arbitrarias, injustificadas, intervencionistas y discriminatorias». No obstante, preguntado por la solución, asegura que no le corresponde a Aemec tener que explicarlo, sino al Consejo de Ministros.
En definitiva, el jurista ha querido dejar claro que «se avecina una batalla jurídica» al introducir este real decreto ley un «elemento extraño», como es cambiar las reglas del juego, lo que rompería, en su opinión, el derecho europeo.
Por el contrario, la visión del Gobierno es distinta. Ya en la rueda de prensa en la que se informaba de la aprobación de esta medida, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, trasladó la confianza del Ejecutivo en que esta minoración es compatible con el marco comunitario.
El Gobierno no teme, así, una posible judicialización por parte de las compañías eléctricas: «Es congruente con una sentencia de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europa que determinó que una experiencia previa de minoración del CO2 era compatible con el marco comunitario», aseguró Ribera.
