PP solo negociará la reforma del Estatuto de Asturias si el Principado rechaza expresamente la oficialidad del asturiano
OVIEDO, 16
La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha anunciado este jueves que solo se sentará a negociar la reforma del Estatuto de Autonomía si desde el Principado se renuncia expresamente a la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano.
Mallada ha asistido junto al secretario de organización del PP, Álvaro Queipo; y el secretario de Comunicación y Presidencia, Pablo Álvarez-Pire. Los tres han conformado la delegación popular en la primera ronda de las reuniones que el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, va a celebrar este jueves con representantes de todos los grupos parlamentarios, menos Vox, para abordar las negociaciones sobre la reforma del Estatuto de Autonomía.
En las reuniones también está participando el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, y las diputadas socialistas Dolores Carcedo y Gimena Llamedo.
La líder de los populares asturianos ha explicado que el Gobierno les ha plateado 11 puntos que suponen una revisión en profundidad del Estatuto. Después de las reuniones de trabajo entre los grupos, la idea es llevarlo a la Junta General como una proposición de ley del grupo socialista.
Con algunos de los puntos planteados por el Gobierno, los populares están de acuerdo, como fijar la capitalidad de Oviedo o la capacidad de disolución de la Junta General. Son once medidas que, según ha explicado Mallada, son «negociables», por lo que la popular ha indicado que si desde el Principado se renuncia a la oficialidad «mañana mismo tiene un acuerdo con el principal partido de la oposición» de cara a realizar una «reforma rápida» y, así, que «el Gobierno pueda centrarse en los problemas de los asturianos y en crear empleo».
En ese sentido, sobre la oficialidad, Mallada ha indicado que «no podemos hipotecar a las futuras generaciones con estas propuestas». Así, ha definido la propuesta de Barbón sobre la cuestión lingüística como «un cheque en blanco donde el gobierno oculta las consecuencias». Además, ha señalado que este marco legal puede suponer «inseguridad jurídica».
