El TPI autoriza la apertura de una investigación contra Filipinas por la «guerra contra la droga»
La Sala de Cuestiones Preliminares I del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha autorizado la apertura de una investigación en relación a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el marco de la llamada «guerra contra la droga».
El fiscal jefe, Karim Khan, presentó el 14 de junio una versión escrita pública del requerimiento para abrir la investigación, inicialmente solicitada el 24 de mayo, en la que solicitaba la autorización para comenzar la investigación sobre la situación en Filipinas, según queda previsto en el artículo 15.3 del Estatuto de Roma.
En un comunicado, el TPI ha detallado que la Sala de Cuestiones Preliminares I ha apoyado la apertura de la investigación y ha considerado las reclamaciones de 204 víctimas, recibidas de conformidad con el citado artículo.
A su juicio, hay una base razonable para proceder con una investigación, destacando que el elemento jurídico específico de crimen de lesa humanidad del estatuto se cumple con respecto a las «matanzas» cometidas en Filipinas entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019, en el contexto de la «guerra contra las drogas». También menciona las «matanzas» en la zona de Davao entre el 1 de noviembre de 2011 y el 30 de junio de 2016.
La Sala ha enfatizado que la «guerra contra las drogas» no puede verse como una aplicación de la ley «legítima», mientras que las muertes ocurridas en estos operativos tampoco lo son y no pueden considerarse «meros excesos en una operación por lo demás legítima».
«Más bien, el material disponible indica (…) que un ataque generalizado y sistemático contra la población civil ha tenido lugar de conformidad con una política del Estado para promoverla», según epígrafes del artículo 7 del Estatuto de Roma.
Filipinas se integró en el Estatuto de Roma el 1 de noviembre de 2011, pero presentó una notificación escrita para abandonarlo el 17 de marzo de 2018, que se materializó un año más tarde.
A pesar de la retirada de Filipinas, el TPI ha matizado que tiene jurisdicción para juzgar los presuntos crímenes cometidos mientras era parte del Estatuto de Roma, aunque ha lamentado que, al parecer, los crímenes han continuado produciéndose después de 2019.
