La inhabilitación del exdirector de Cantur y el responsable de Conurca es firme al no recurrirse la condena

La Audiencia ratificó las penas de 7 y 5 años a Diego Higuera y Pablo Sámano por el fraccionamiento de contratos de la empresa pública en favor de la privada

La condena de siete y cinco años de inhabilitación al exdirector de Cantur Diego Higuera y al responsable de Conurca Pablo Sámano ha adquirido firmeza al no recurrir ninguna de las partes implicadas en este proceso judicial la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria que a finales del pasado mes de julio ratificó las penas impuestas por el Juzgado de lo Penal número cuatro de Santander hace año y medio.

Así, el fallo de apelación es firme, al no haberse interpuesto recurso alguno contra el mismo, según han indicado a esta agencia fuentes personadas en la causa, por el fraccionamiento de contratos de la empresa pública en favor de la privada.

La Sala de la Sección Primera de la AP ya había rechazado los argumentos de los respectivos dirigentes de Cantur -sociedad pública que gestiona las infraestructuras turísticas de Cantabria- y Conurca -Consultoría de Urbanismo de Cantabria, dirigida por el entonces también gerente del Consorcio para los Museos de Prehistoria, Arqueología y Bellas Artes-.

Higuera y Sámano fueron condenados porque durante 2010 y 2011, «de forma concertada y obviando las mínimas exigencias legales, planearon distintas contrataciones» entre Cantur y Conurca, «con conocimiento de que suponían un fraccionamiento consciente y deliberado en la contratación y cuya finalidad no era otra que la de eludir los principios de libre concurrencia y publicidad que deben imperar en la contratación administrativa».

En concreto, Higuera y Sámano (nombrados en sus respectivos cargos por el entonces consejero de Cultura y dirigente del PRC Francisco Javier López Marcano, ahora titular de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio), «convinieron adjudicar de forma directa» a Conurca varios trabajos relacionados con el proyecto de instalación de un sistema de innivación artificial en la estación de esquí de Alto Campoo, por más de 117.000 euros sin IVA.

«No se dan en tal contratación los requisitos exigidos en la Ley de Contratos; por su contenido y cuantía no podía realizarse mediante adjudicación directa, no se da la preceptiva publicidad; no se abre formalmente un expediente de contratación; y se trata de disfrazar la adjudicación directa mediante una invitación a otras empresas, (procedimiento negociado)», concluyó la jueza de lo Penal, para quien «existía una absoluta toma arbitraria de decisiones con una clara finalidad: adjudicar los trabajos directamente a Conurca».

En este sentido, subrayaba en la sentencia que no había «acuerdo de apertura de expediente de contratación, ni presentación de presupuestos, ni valoración de adjudicación, ni publicidad, ni acuerdos de adjudicación por el Consejo de Administración, ni contratos formalizados», sino que «se van confeccionado los documentos -hoja de pedido- según van interesando, se facturan doblemente por los mismos conceptos o trabajos, y no hay concurrencia real de otras empresas».

El fallo imponía a ambos las costas judiciales, incluidas las de Cantur, que ejerció la acusación particular, y aplicaba la atenuante muy cualificada de dilaciones indebida. Fue recurrido por Sámano e Higuera, que alegó en el juicio que los contratos menores adjudicados a Conurca para la innivación en Alto Campoo fueron aprobados por el consejo de administración de la empresa pública.

Los magistrados de la Audiencia Provincial no apreciaron «ni error en la valoración probatoria ni en la calificación jurídica» en la sentencia de instancia, que confirmaron así en su totalidad y que ahora ha adquirido firmeza al no ser recurrida por ninguna de las partes implicadas.

La causa tiene su origen en la comisión de investigación del Parlamento sobre Cantur, impulsada por el PP al llegar al Gobierno regional en 2011 tras dos legislaturas de coalición PRC-PSOE, y la posterior denuncia de la Fiscalía. Higuera ya fue condenado por la Audiencia a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por malversar 20.000 euros, tras una denuncia de Cantur en 2012.