HRW señala que México ha expulsado «de manera masiva» a solicitantes de asilo a una zona selvática de Guatemala
La organización Human Rights Watchs (HRW) ha señalado que las autoridades mexicanas han estado expulsado «de manera masiva» a migrantes y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades hacia una zona selvática remota de Guatemala, poniendo así «en riesgo sus vidas».
Entre estas personas expulsadas de país centroamericano se encuentran familias y menores no acompañados que, en algunos casos, ya habían sido deportados previamente de Estados Unidos por vía aérea, según ha explicado la organización en un comunicado de prensa.
Así, han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que cesen estas expulsiones «peligrosas e ilegales» y que se cercioren de que en el futuro las deportaciones se lleven a cabo en cumplimiento del Derecho Internacional y de la legislación de ambos países.
«Abandonar a familias vulnerables en una zona remota de la selva guatemalteca, sin dinero, alimentos ni albergue e ignorando sus solicitudes de asilo, evidencia nuevamente la falta de preocupación por los Derechos Humanos del presidente López Obrador», ha expresado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien ha acusado al mandatario mexicano de haber «cooperado con algunas de las políticas más abusivas de Estados Unidos contra la inmigración».
En esta misma línea, Vivanco ha lamentado que López Obrador ahora haya ido «aún más lejos» al «reproducir políticas abusivas en la frontera sur de México con Guatemala». A comienzos del mes de agosto, Estados Unidos comenzó a expulsar a algunos migrantes centroamericanos por vía aérea de las ciudades mexicanas del sur del país Tapachula y Villahermosa.
En este mismo mes, las autoridades migratorias mexicanas comenzaron a trasladar a «al menos a 300 migrantes de distintas nacionalidades cada día», incluyendo algunos que habían sido expulsados desde Estados Unidos y otros que habían sido aprehendidos en México, hacia el lado mexicano del «remoto cruce fronterizo El Ceibo, en la Selva Lacandona», ha detallado HRW.
Este proceso en ocasiones se ha llevado a cabo con nocturnidad e incluso se ha llegado a obligar a los migrantes a traspasar la frontera a pie también por los cruces fronterizos en Talismán y la ciudad guatemalteca de El Carmen.
A muchas de las personas expulsadas, los agentes migratorios de México les han incluso negado la posibilidad de pedir asilo y las han obligado a cruzar a Guatemala sin avisar a sus consulados ni al propio Gobierno del país vecino. Algunas han sido deportadas mientras esperaban la resolución de sus peticiones de asilo y, tras cruzar la frontera, muchas no han tenido dónde dormir ni cómo llegar a sus países de origen.
Aunque a mediados de agosto el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, indicó que el país estaba incrementando el uso de vuelos de deportación a México para prevenir la propagación del virus de la COVID-19, HRW ha apuntado que desde febrero del presente año el Gobierno de Biden ha expulsado a más de 600.000 personas en la frontera bajo el amparo de una orden del expresidente Donald Trump.
Por su parte, las autoridades migratorias de México no han coordinado estas expulsiones posteriores con el Gobierno guatemalteco, no han notificado a su consulado ni al de Honduras o El Salvador, ni tampoco han gestionado el transporte posterior, tal y como lamenta la ONG, y como el propio Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco explicó en un comunicado publicado a mediados de agosto en el que expresaba su preocupación por la ausencia de notificación de las deportaciones.
Ante este conflicto, representados de HRW han estado presentes en El Ceibo y Talismán para presenciar estas expulsiones y hablar con las personas afectadas, así como mantenerse en contacto con las autoridades al mando de las entidades migratorias de ambos países, organizaciones locales, Cruz Roja de Guatemala o el personal de los consulados de los países vecinos en México.
El pasado 2 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para la repatriación de guatemaltecos por vía aérea a la Ciudad de Guatemala, y otro con el Gobierno de México para que se repatriase a salvadoreños y hondureños a sus países por vía terrestre.
De conformidad con la legislación mexicana, las autoridades migratorias están obligadas a informar a todas las personas bajo su custodia dónde están siendo detenidas y por qué, así como a brindar información por escrito sobre su derecho a solicitar asilo u otra forma de estatus legal regular en México. También deberían permitir que toda persona que esté sujeta a un proceso de deportación hable con su consulado, reciba asesoramiento jurídico, se comunique con su familia y pueda apelar la decisión sobre su deportación, ha recordado HRW.
Por su parte, «el Gobierno de Biden prometió políticas más humanas y justas para los solicitantes de asilo en las fronteras de Estados Unidos», tal y como ha recordado la subdirectora para Estados Unidos de HRW, Clara Long, «pero en vez de eso, el Gobierno está expulsado a los solicitantes de asilo sin darles la oportunidad de pedir protección».
«Por ello, comparte la responsabilidad por las peligrosas expulsiones que se están llevando a cabo en México. Es urgente que el Gobierno de Biden cambie de rumbo», ha zanjado Long.
