La exfiscal del TPI cree que el régimen de Maduro cometió crímenes contra la Humanidad desde 2017

Caracas rechaza las conclusiones de Bensouda y confía en que su sucesor no las dé curso

La anterior fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, llegó a la conclusión de que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido «crímenes contra la Humanidad» al menos desde abril de 2017 en el marco de la represión emprendida contra la oposición en Venezuela en un informe dejado a su sucesor en el cargo, Karim Khan, quien ahora debe decidir si se abre una investigación formal sobre dichos crímenes.

En dicho documento, fechado el 15 de junio –fecha de la salida de Bensouda– y que se ha hecho público ahora, la gambiana indica que tras concluir su examen preliminar de la situación, en el que ha celebrado la cooperación del Gobierno venezolano, ha llegado a la conclusión de que «hay una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes dentro de la jurisdicción» del TPI.

Como ya había apuntado en un informe en 2020, «la información disponible ofrece una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, las autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la Humanidad» en este país.

En concreto, Bensouda cita «el encarcelamiento u otra grave privación de la libertad física en violación de las reglas fundamentales del Derecho Internacional»; torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual de «gravedad comparable», así como «persecución contra cualquier grupo o colectivo identificable por motivos políticos».

Según precisa, se ha centrado en una serie de denuncias relativas al tratamiento recibido por los detenidos y en los que considera que hay «información suficientemente detallada y fiable» como para poder determinar que entrarían dentro de las competencias del TPI.

Entre quienes habrían cometido estos crímenes la ya exfiscal del TPI cita a miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Asimismo, pese a reconocer la cooperación mostrada por el Gobierno venezolano, tras la petición en ese sentido cursada en octubre de 2020, Bensouda ha llegado a la conclusión de que «las autoridades no tienen voluntad genuina de investigar y/o juzgar tales casos». Igualmente resalta «la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial así como los esfuerzos para proteger a los perpetradores de la justicia penal».

RECHAZO ENÉRGICO DE CARACAS

La reacción de Caracas tras conocerse el informe de Bensouda, que viene a recomendar con sus afirmaciones a su sucesor que se abra una investigación formal, no ha tardado en llegar. En un comunicado, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha rechazado «de forma contundente y enérgica» las acusaciones de la exfiscal del TPI.

En su opinión, «las conclusiones emitidas por la exfiscal carecen de valor alguno» ya que no han tenido en cuenta la documentación presentada por Caracas. En este sentido, ha trasladado a Khan la voluntad del Gobierno venezolano de «demostrar con hechos la actuación y acción del Estado en esta materia, expulsando prejuicios y prevenciones que la exfiscal ha demostrado con sus actuaciones parciales en este caso».

Así las cosas, Saab se muestra convencido de que el nuevo fiscal llegara a esa misma conclusión cuando visite Venezuela y «compruebe in situ los esfuerzos realizados por todas las instituciones venezolanas», al tiempo que también ha confiado en que con Khan haya un diálogo que antes no hubo con Bensouda.

Con ello, ha añadido, «a partir de ahora podremos trabajar codo con codo con la Fiscalía del TPI para asegurar la complementariedad plena y ser tratados en igualdd de condiciones que otros países que se encuentran bajo examen preliminar». A este respecto, ha afeado a Bensouda que no haya respondido en este tiempo a la información que le ha sido remitida y que tampoco haya visitado Venezuela, mientras que en el marco del examen preliminar en curso sobre Colombia se han producido 12 en 17 años.

«Estamos seguros de que en este nuevo periodo la colaboración y el diálogo serán sinceros y abiertos y, en este sentido, las instituciones venezolanas, y en particular este Ministerio Público, trabajarán para hacerlo posible y para que se constate el absoluto compromiso institucional contra cualquier tipo de impunidad y en favor de la protección integral de Derechos Humanos en Venezuela», ha rematado Tarek William Saab.

El informe de Bensouda tiene que ver con uno de los dos exámenes preliminares sobre el país abiertos por la Fiscalía. Venezuela I deriva de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018 en relación con los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el Gobierno de Maduro.

Por otra parte, Venezuela II examina por petición del Ejecutivo de Maduro si se han cometido crímenes contra la Humanidad «como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos». Caracas establece como punto de inicio a tener en cuenta el año 2014.