Cs reta al PP a desistir de su recurso ante el TC contra la ley del aborto si de verdad es un «partido de centro»

Bal apoya revisar el Concordato con la Santa Sede y reprocha a Sánchez no haber hecho nada ante las inmatriculaciones de la Iglesia

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, considera que si verdad es «un partido de centro», el PP debería «desistir» del recurso de inconstitucionalidad contra la regulación del aborto que presentó en 2010 y que aún está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional.

Bal ha lanzado este reto al partido de Pablo Casado en una entrevista a Europa Press, en la que defiende que el derecho al aborto es «un asunto incontrovertido e indiscutible» que está asumido «con absoluta tranquilidad» por la sociedad española.

«La justicia constitucional es justicia rogada, el Tribunal Constitucional te resuelve sobre lo que tu le has pedido», explica, antes de apuntar que el PP debería «desistir» de aquel recurso y de lamentar, a renglón seguido, que no lo haga.

«Son cosas incomprensibles para quienes dicen que quieren ocupar el centro político, me entra la risa», añade el dirigente del partido naranja, que también critica al PP por seguir empeñado en impugnar ante el Alto Tribunal derechos sociales.

RECURRE PERO LUEGO NO DEROGA

En este contexto, recuerda que, además de con el aborto, lo hizo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, dos leyes que luego no derogó pese a tener mayoría absoluta, y que ahora va a hacer lo mismo con la que regula la eutanasia.

«El PP sigue erre que erre recurriendo estos avances sociales por criterios, en mi opinión, estrictamente religiosos o morales sin tener en cuenta que son derechos a los que puedes acceder si quieres y si no, no, pero así opera el PP», indica Bal, recalcando además, que militantes y votantes de esta formación hacen uso habitualmente de estos derechos sin ningún problema.

Por otra parte, Bal se muestra partidario de modificar el Concordato con la Santa Sede un documento que es «revisable» pero que, puntualiza, «no es una concesión graciosa que el Estado español hace a la religión católica», sino un tratado internacional que ambas partes han de estar de acuerdo en modificar.

A su juicio, se pueden modificar «muchísimas cosas» como lo relativo al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los terrenos de la Iglesia, la posibilidad de que se inmatriculen este tipo de bienes sin atenerse al procedimiento ordinario o la asistencia sanitaria en las Fuerzas Armadas.

REVISAR LAS RELACIONES CON TODAS LAS CONFESIONES

Pero Bal hace hincapié en que el Estado también tiene acuerdos, que datan de sendas leyes de 1992, con las confesiones mulsulmana, judía y protestante y que, en su caso, también deberían ser revisados para «tratar en régimen de igualdad a todas las personas que tengan sentimientos religiosos».

«Parece que aquí lo único que hay que cambiar es el Concordato, pero tendremos que ver todo el problema en su conjunto, si queremos cambiar cuál es la forma que tiene de relacionarse el Estado español con las confesiones religiosas habrá que tener en cuenta a la cuatro», enfatiza, recalcando que Cs siempre va defender «la mayor laicidad posible del Estado español».

Respecto al asunto concreto de las inmatriculaciones «a través de certificación», Bal recuerda que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo «han dicho que no puede ser» y, por tanto apuesta por suprimir el artículo de la Ley Hipotecaria que las ampara y que, explica, mana de lo previsto en el Concordato.

SACÓ UNA LISTA Y NADA MÁS

Además, aprovecha para recriminar al Ejecutivo que, en este asunto, se haya limitado únicamente a publicar una lista con todos los bienes inmatriculados por la Iglesia. «Sacó la lista y ahí ha parado», se queja, recordando que este asunto está dando lugar a «numerosísimos juicios civiles».

«Este Gobierno siempre hace lo mismo, hace una cosa publicitaria para vender a los medios como que está trabajando mucho, pero luego se para y no sigue cumpliendo con sus obligaciones», denuncia Bal, instando al Ejecutivo a averiguar si ese patrimonio que está inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de la Iglesia Católica «es de verdad de su propiedad o puede ser de terceras personas».