El Gobierno estudiará el dictamen del CGE sobre el fondo de la Generalitat y Abogacía prepara informe jurídico
El Gobierno estudiará el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que ha avalado este jueves el decreto de la Generalitat por el que se crea un fondo de 10 millones de euros para contraavalar el Institut Català de Finances (ICF) y que este avale las fianzas de los afectados por las sanciones de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas a excargos del Govern por la política exterior de la Generalitat.
El dictamen también será analizado por la Abogacía del Estado «a los efectos de preparar su informe jurídico», han indicado fuentes gubernamentales.
En concreto, el dictamen del CGE, consultado por Europa Press, recomienda modificar el artículo 4.7, el artículo 5 y la disposición transitoria del decreto, que hace referencia a que si no se consigue que una entidad financiera se haga cargo de los avales, sea el ICF quien avale directamente esas fianzas, algo que ha acabado ocurriendo.
El CGE, que ha acordado sus conclusiones por unanimidad, aconseja modificar estos artículos con la finalidad de mejorar la calidad normativa del decreto y «despejar de forma expresa determinadas dudas que suscita el redactado actual».
La disposición transitoria es la que especifica que el ICF se encargará de la gestión provisional del fondo mientras no se constituya una entidad gestora o se encomiende su gestión a una entidad ya existente, y establece que la entidad gestora podrá otorgar garantía mediante «cualquier medio admitido en derecho sin prejuicio que sea substituida posteriormente».
Este punto hace referencia precisamente al artículo 4.7 –que también recomienda modificar el CGE, que señala que la entidad gestora garantizará a la entidad financiera la emisión del aval con un depósito a cargo de este fondo, que tendrá carácter de reglado.
Otro de los puntos que pide modifica es el 5 que explicita que, en caso de que haya un pronunciamiento judicial firme y se confirmen responsabilidades contables o civiles por parte de un beneficiario se generará un «crédito de derecho público de devolución» por los importes garantizados, así como de los intereses y los gastos; es decir que los afectados deberán devolver el aval si son condenados en firme.
Tras haberse hecho público este dictamen –solicitado por el PSC-Units, Cs y el PP– y después de que lo consulten los grupos parlamentarios, el pleno del Parlament someterá este mismo jueves a votación el decreto de la Generalitat para crear el fondo, en un pleno que se celebrará este mismo jueves.
