El Gobierno de Colombia se compromete a garantizar el regreso de los desplazados por la violencia en Antioquia
Las autoridades colombianas se han comprometido a garantizar el regreso de la población a sus viviendas en el departamento de Antioquia, donde se ha registrado recientemente un aumento de la violencia.
Los datos del Gobierno indican que más de 4.000 personas han abandonado sus hogares y se han trasladado al casco urbano del municipio de Ituango, lo que supone un total de 1.687 familias, todas ellas procedentes de una treintena de veredas.
Los desplazamientos se han producido debido a los enfrentamientos entre las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros del Clan del Golfo, dos grupos que actualmente se disputan el territorio.
La situación ha afectado también al municipio de Peque, al que se han trasladado 126 personas, si bien existen alertas de desplazamiento en otras tres veredas, según informaciones del diario El Tiempo .
Las autoridades a nivel local y nacional han tenido así que evaluar la situación y tomar medidas con el objetivo de garantizar que la población regresa a su casa con plenas garantías de seguridad.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, ha liderado así un consejo de seguridad en el municipio y ha detallado que se ha avanzado en una «atención humanitaria para quienes se encuentran desplazados, a través de la Unidad de Víctimas».
«Iniciamos un plan de retorno seguro, digno y voluntario. Y se ha dispuesto todo lo necesario por parte de nuestra Fuerza Pública para garantizar la seguridad de cada uno de los habitantes para que puedan regresar», ha dicho al término de l a reunión.
Así, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha informado de que se aumentará el despliegue de las fuerzas de seguridad en la zona, lo que ha resultado en el traslado de otros 250 efectivos al municipio.
Además, se ha anunciado una recompensa de 100 millones de pesos (21.000 euros) por información que lleve a la captura de alias Ramiro , cabecilla de las disidencias, y de hasta 50 millones de pesos (10,8 millones de euros) por alias Camilo , Michín y Richar , todos ellos del Clan del Golfo.
«No vamos a desfallecer hasta que esos señores enfrenten la justicia. Le hemos transmitido a la comunidad que es el compromiso del Estado, del Gobierno, de la Fuerza Pública, de la Gobernación, de dar todas las condiciones se seguridad para que esta población pueda regresar de manera rápida y retornar a su vida cotidiana, pero dejando un mensaje claro: no nos vamos a dejar intimidar por los violentos», ha manifestado Palacio.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha instado a los «grupos armados ilegales» a cesar «todo ataque y amenaza contra la población civil». «Frente a los graves impactos humanitarios que generan los recientes», la organización ha llamado a las autoridades a «coordinar y redoblar los esfuerzos para atender a comunidades afectadas».
En un mensaje en su cuenta de Twitter ha pedido a su vez esclarecer los hechos y «hallar a los responsables de estas recurrentes afectaciones». «Hacemos seguimiento a la situación», ha matizado la OEA, que recalca la importancia de «avanzar para lograr un retorno seguro».
