Sànchez (Junts) no ve «margen legal» para actuar contra el aval del ICF y contra sus trabajadores

BARCELONA, 21

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha celebrado este miércoles la decisión del Govern de recurrir finalmente al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat, y cree que no hay «margen legal» para actuar contra esta decisión y contra las personas de este órgano.

«Hoy se ha vencido al miedo, y no tiene porque haber ningún inconveniente para que el Tribunal de Cuentas acepte en forma de aval la aportación que harán las personas investigadas, y seguro que no hay margen para actuar contra las personas del ICF, porque actúan bajo el amparo de un decreto que es legal y válido», ha sostenido en declaraciones a los medios tras visitar las comarcas de Girona.

También ha llamado a prepararse «para lo peor» en caso de que el Estado intente que este aval no tire adelante porque, a su juicio, la actuación de los organismos del Estado es imprevisible.

Para Sànchez, la Generalitat actúa conforme a un decreto ley, que ya preveía la opción del ICF, pero admite que «tras cuatro años de represión y de sentencias injustas, el miedo puedo exigir».

«Estamos convencidos de que no hay recorrido para ir contra estas personas, pero el miedo está y también estábamos convencidos de que no había motivo par entrar en prisión ni para estar condenados», ha lamentado.

Tras agradecer la determinación del conseller de Economía, Jaume Giró, para encontrar una solución que evite el embargo de los encausados, ha admitido que la mejor fórmula era la que se preveía en primera instancia en el decreto del Govern, y que consistía en que una entidad financiera garantizara los avales con el contraaval del ICF.

«PRESIÓN MEDIÁTICA Y POLÍTICA»

Según Sànchez, esta opción no ha sido posible con las entidades financieras con implantación en Cataluña «por la enorme presión mediática y política por parte del Estado, que ha llevado a que estas instituciones financieras del país consideraran que su daño reputacional pasaba por encima de la obligación moral de facilitar una operación de aval segura y legal».

Pese a todo, ha explicado que el Govern dispone de diversas ofertas sobre la mesa, de entidades financieras extranjeras, que «darán resultados en las próximas semanas».

Pero hasta que no haya un acuerdo al respecto, Sànchez ha celebrado que los miembros del ICF hayan entendido «que no pueden ser el obstáculo» y hayan permitido una operación puente que, en su opinión, es perfectamente válida y que contempla el decreto del Govern.

También ha apelado a los ciudadanos a seguir expresando su apoyo y solidaridad con todos los afectados por la «represión» del Estado y a seguir haciendo aportaciones a la caja de solidaridad.

INMUNIDAD DE PUIGDEMONT

Tras reivindicar la amnistía para todos los afectados por la «represión» del Estado, ha exigido que éste que respete la inmunidad del expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, así como la de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

«Esta anomalía debe terminar. La única vía para encontrar caminos de negociación y diálogo fructíferos es reconocer la plena inmunidad de Puigdemont, y que, en plena libertad y ejercicio de sus funciones como eurodiputado, pueda recorrer con libertad toda la geografía europea», ha zanjado.