El Gobierno de España aprobará «antes de que acabe el verano» la Carta de Derechos Digitales

La consejera de Presidencia ve «grandes beneficios» de la transformación digital pero garantizando los derechos de la ciudadanía

El Gobierno de España aprobará «antes de que acabe el verano» la Carta de Derechos Digitales tras un amplio periodo de consultas y participación de más de un año.

Así lo ha señalado este lunes en Santander el subdirector general para la Sociedad Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Rafael Pérez Galindo, que ha recordado que el objetivo de esta carta de derechos en la que trabaja el Ejecutivo central, a través de un comité de expertos, es crear un marco referencia en la protección de los derechos en entornos digitales.

Galindo ha participado esta mañana en la inauguración del curso La protección de los derechos en la sociedad digital: garantías para tiempos de crisis , que se celebra hasta el miércoles dentro de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en su sede de Santander.

Junto a él, han participado en este curso la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, quien ha afirmado que se está viviendo un momento «clave» en la transformación digital, «subiendo losprimeros peldaños», un proceso que representa, según ha apuntado, algunos desafíos para las Administraciones Públicas como es la protección de los derechos ciudadanos y garantizar la igualdad.

En este sentido, la consejera ha defendido que las Administraciones Públicas, como la del Gobierno de Cantabria, deben «liderar» las medidas preventivas individuales y colectivas para evitar riesgos durante la transformación digital y cree que en este proceso se está «a tiempo de hacerlo bien y no cometer errores».

Fernández ha señalado que la pandemia ha impulsado profundos cambios hacia la digitalización y ha apuntado los riesgos que suponen las herramientas digitales si todas las personas no están preparadas para los cambios y no se afrontan los riesgos como el uso ilegítimo de lainformación personal o la comercialización de los datos personales, entre otros.

En este sentido, ha reconocido que la transformación digital tiene «grandes beneficios» para la mejora de los servicios públicos pero ha insistido en que es necesario «afianzar el buen uso de las herramientas digitales y los derechos de la ciudadanía».

En este punto, ha citado los avances que la Consejería de Presidencia ha liderado en el entorno de la Administración autonómica para digitalizar los 1.400 procedimientos administrativos y la propia tramitación interna, a través de múltiples herramientas ydisposiciones normativas.

Así, ha detallado que desde 2020 se han gestionado más de 73.000 expedientes íntegramente electrónicos; se han firmado, de forma electrónica, más de 1.300.000 documentos; se han presentado 130.785 documentos por la ciudadanía de forma telemática a través de la SedeElectrónica del Gobierno de Cantabria, y se han realizado más de 61.000 notificaciones electrónicas.

Además, se ha implantado de forma generalizada, para todos los usuarios de la red corporativa del Gobierno de Cantabria, los servicios de comunicación unificados dotándoles de un sistema de videoconferencias utilizables desde sus puestos de trabajo.

En la apertura del curso también han intervenido sus directores: la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Susana de la Sierra, y el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Jesús Prieto.

De la Sierra ha abogado por afrontar los procesos de transformación digital como una «oportunidad» y ha puesto de ejemplo la atención sanitaria a distancia que se puso en marcha durante la crisis sanitaria.

A su juicio, las herramientas digitales son un «aliado» de las Administraciones Públicas, y, al igual que la consejera, ha defendido la reducción de la brecha digital y el acceso de los colectivos vulnerables.

Prieto, por su parte, ha alertado de lo que ha denominado la «dictadura del algoritmo» y, por eso, ha subrayado la importancia de hacer esfuerzos en el ámbito humano.

Por último, el presidente de la Fundación Gabeiras, Roger Dedeu, y la directora de Servicios Jurídicos de la UIMP, María José Torres, han defendido «no dejar a nadie atrás» en el desarrollo tecnológico y en la protección efectiva de los derechos.

El curso sobre la protección de los derechos en la sociedad se celebrará hasta el miércoles en la sede de Santander de la UIMP y cuenta con la colaboración de la Fundación Gabeiras.

El objetivo de esta acción formativa es ofrecer una visión general de los retos que plantea la sociedad digital en el ámbito de los derechos de la ciudadanía, tanto en sus relaciones con las administraciones públicas, como en sectores específicos.