Aemec expresa su confianza en Repsol y CaixaBank y pide celeridad en la resolución del caso Villarejo
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha expresado su confianza en la actuación de Repsol y CaixaBank, así como de sus directivos, en relación con el caso Tándem y pide celeridad a la Justicia en la resolución del mismo por el bien de los accionistas, los mercados y la sociedad en su conjunto.
Aemec hace este pronunciamiento ante la reciente decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de citar como investigadas a Repsol y Caixabank en relación a la contratación del excomisario Villarejo.
«Queremos expresar nuestra confianza en los procedimientos y políticas corporativas de estas compañías, en su actuación como personas jurídicas y en la de sus directivos, esperando que en el plazo más breve posible concluyan las distintas piezas abiertas, se dicten las oportunas resoluciones judiciales que pongan fin a los procedimientos, y podamos volver a un funcionamiento ordinario de nuestros mercados de capitales, para bien de sus accionistas y de la sociedad en su conjunto», señala en un comunicado.
Aemec afirma que «como asociación de larga trayectoria en el mercado y con experiencia contrastada, es perfectamente conocedora de la alta calidad de las normas y procedimientos de gobierno corporativo y compliance que emplean compañías como Repsol y CaixaBank en sus políticas de ESG (medioambiental, social y de buen gobierno).
Así, desde el más estricto y escrupuloso respeto a la actuación judicial, la asociación expresa su deseo de que los procedimientos avancen «con la mayor celeridad», al objeto de esclarecer, y en su caso depurar, las responsabilidades que pudieran existir.
«Es de vital importancia en situaciones como la aquí presente, en las que existen legítimos intereses de terceros afectados como los accionistas, que se extreme la diligencia judicial y se alcance con prontitud una resolución en relación a los hechos investigados», recalca Aemec.
Entretanto, considera que tanto las personas físicas afectadas, como las propias personas jurídicas, gozan del derecho constitucional de presunción de inocencia, por lo que recomienda estar especialmente atento «a cualquier intento espurio de terceros para aprovechar la situación como una oportunidad de obtención de ventajas competitivas, o sin más, de causación de un daño reputacional a la compañía, con las oportunas consecuencias negativas para sus accionistas».
