Una asociación de fiscales demanda a Justicia y a la Fiscalía por no dotarles de un plan de prevención de riesgos
Piden que se practiquen interrogatorios a Juan Carlos Campo y a Dolores Delgado
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha presentado este martes una demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado por no dotar de plan de prevención de riesgos laborales a unos 2.500 fiscales y funcionarios de la oficina fiscal.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación ha reclamado el interrogatorio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, porque sus departamentos «nunca han dotado a sus funcionarios de ninguna medida de prevención de riesgos laborales».
Han pedido, también, que se condene a ambos departamentos a adoptar un plan de prevención de riesgos laborales «contratando en el plazo de dos meses a una empresa con solvencia técnica suficiente para afrontar este cometido».
La APIF ha insistido en que en el caso de la Fiscalía existe una «normativa meramente formal, pero no real» aprobada en 2014 «sin negociación alguna por las asociaciones de fiscales».
«Ninguna responsabilidad sobre la prevención de riesgos se atribuye a la Fiscalía General del Estado, ninguna referencia a las cargas de trabajo, a la protección específica de mujeres embarazadas, mayores o fiscales con enfermedades», han precisado en la demanda presentada bajo la dirección de Verónica Suárez García, del despacho SF Corporación.
GESTIÓN COVID
En el texto, la asociación ha subrayado la gestión del Ministerio Público durante la pandemia, cuando «envió de forma temeraria» a los fiscales a «trabajar sin los correspondientes medios de prevención de riesgos laborales, exponiéndolos a un contagio letal por covid-19».
La APIF ha asegurado que es «especialmente lamentable» que entre las funciones del Ministerio Fiscal se encuentre «perseguir los accidentes laborales» y han precisado que es «especialmente agravador» que la propia Fiscalía «carezca del correspondiente plan de prevención de riesgos».
