El Congreso de Colombia frena la ratificación del Acuerdo de Escazú
El Congreso de Colombia ha frenado la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer gran acuerdo medioambiental de la región latinoamericana que entró en vigor el pasado 22 de abril.
La iniciativa que ha sido debatida este domingo en las Comisiones Segundas Conjuntas del Congreso y que tenía mensaje de urgencia se ha hundido por falta de trámite, según indica Caracol Radio.
Ante esto, la oposición han denunciado este freno a la iniciativa. «Se ha hundido o se ha archivado esa importante iniciativa y lo que eso demuestra sencillamente es que no hay ninguna voluntad de proteger el medio ambiente por parte ni del presidente, ni del Gobierno, ni de sus bancadas en el Congreso», ha dicho el senador colombiano Iván Cepeda.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, cuenta con la ratificación de 12 países y la firma de otros 24. Colombia, donde la inseguridad contra los defensores del medioambiente es creciente, estaba pendiente de su ratificación.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional sobre el medioambiente considerado el primer gran pacto medioambiental de América Latina y promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se incluyen preceptos como el derecho a un medioambiente sano y garantías para la protección de las personas defensoras del medioambiente.
Fue adoptado en marzo de 2018 en la localidad costarricense de Escazú, tras seis años de trabajo y de negociación entre los Gobiernos de la región, y con la ratificación de México y Argentina el pasado 22 de enero se sumaron las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.
Por el momento, solo ha sido ratificado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina, con las ausencias de Brasil, que enfrenta los graves problemas de explotación del Amazonas, y Costa Rica, nación en la que se firmó.
