El Gobierno asignará el espectro de la subasta del 5G a los operadores durante el cuarto trimestre
El Ejecutivo concreta el calendario de reformas digitales tras la aprobación del plan de recuperación por la Comisión Europea
El Gobierno asignará el espectro de la subasta 5G de 700 MHz a los operadores durante el cuatro trimestre, periodo en el que ha comunicado a la Unión Europea que publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la adjudicación con el resultado de la subasta.
Tras la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Comisión Europea ha publicado el cronograma completo con las metas que se ha comprometido a cumplir España.
En este esquema figura la adjudicación de la subasta, que se espera que comience antes del 21 de julio con un precio de salida de 995 millones de euros por el conjunto de los lotes.
En la misma línea, el Gobierno también hará oficial a partir de octubre la rebaja de impuestos a las operadoras para el despliegue del 5G.
Asimismo, para las mismas fechas se espera la publicación en el BOE de la carta de derechos digitales.
Según el Ejecutivo, el texto propondrá un marco de referencia para la actuación de las autoridades públicas, aprovechando y desarrollando todas las potencialidades y oportunidades del actual entorno digital, y evitando al mismo tiempo sus riesgos.
LOS PRÓXIMOS AÑOS
Posteriormente, el Gobierno espera que entre en vigor en el segundo trimestre de 2022 la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que incluye en el ordenamiento jurídico español numerosas recomendaciones y mandatos europeos.
A finales de 2022, el Ejecutivo espera haber adjudicado la banda de 26 GHz, lo que implicaría una nueva subasta a mediado del próximo año, y la entrada en vigor de la ley de Ciberseguridad 5G, mientras que, durante el segundo trimestre de 2023, se adjudicarían los proyectos de infraestructuras digitales transfronterizas.
A mayor plazo, el reparto de ayudas para la extensión de la banda ancha ultrarrápida por el medio rural estaría terminado, de cumplir las previsiones, para finales de 2023, lo que implica que las próximas dos convocatorias del nuevo programa ÚNICO tendrán dotaciones mayores, de media, que los 250 millones de euros que repartirá en 2021, ya que debe repartir 812 millones de euros en total.
En ese plazo, también se habría repartido el bono de conectividad para pymes y colectivos vulnerables y se habría culminado también la mejora de la conectividad en centros y sectores clave.
Con este segundo programa, el Gobierno aspira a que, al menos, 9.000 centros de referencia y servicios públicos, como centros de salud, educativos, o de I+D, 5.500 proyectos de digitalización y 1.600 polígonos industriales tengan conectividad a 1 gigabit de velocidad.
Asimismo, también se pretende haber sustituido las redes de conectividad de 13.600 edificios para convertirlas en redes de muy alta velocidad.
