PP lleva la próxima semana al Pleno del Congreso su reforma legal para prohibir indultos a condenados por sedición

Vox defenderá otro texto en el mismo sentido y para penar con hasta cinco años de cárcel la convocatoria de referendos no autorizados

El Partido Popular ha decidido llevar al Pleno del Congreso del próximo martes su proposición de ley de reforma de la ley de indultos para que no se pueda conceder esta medida de gracia a personas condenadas por delitos como los de sedición y rebelión, como los dirigentes independentistas del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Se trata de una reforma registrada en septiembre del pasado año, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que iba a comenzar la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del procés , y que ahora el PP ha decidido llevar al Pleno del Congreso, justo cuando el Gobierno ya se prepara para resolver esos expedientes.

Este miércoles ya hubo una primera votación en el Pleno del Congreso sobre los indultos a los presos del procés, en la que 190 diputados de PSOE, Unidas Podemos y los socios del Gobierno tumbaron la pretensión del PP, Vox y Ciudadanos de rechazar la medida de gracia.

Según el orden del día del próximo Pleno del Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP defenderá ahora esta reforma puntual de la Ley de Indultos para que la medida de gracia no pueda aplicarse en los delitos de sedición y rebelión.

LOS EXPERTOS LO DESACONSEJARON

En 2016, el PSOE propuso cambiar la Ley de Indultos, que data de 1870, para prohibir que la medida de gracia se aplique a condenados por corrupción y violencia machista, pero cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno con la moción de censura en 2018, esa iniciativa se congeló. Y es que el PP, que entonces era el primer partido de la Cámara, quería aprovechar para añadir en esa reforma que tampoco se pudiera indultar a los condenados por sedición.

Se llegó a organizar una ronda de expertos en el Congreso y todos los consultados coincidieron en la inconveniencia de establecer una lista de delitos para los que se niegue el indulto, ya que eso restringiría la potestad constitucional del Gobierno para conceder la medida de gracia.

En la sesión plenaria del martes Vox defenderá, por su parte, una iniciativa para reformar en la misma línea la Ley del Indulto, pero también el Código Penal, con intención de castigar con entre tres y cinco años de cárcel la convocatoria de referendos no autorizados.

Los de Santiago Abascal incluyen estas dos modificaciones legales en una proposición de Ley de protección integral de los denunciantes de corrupción que registraron el año pasado, pero que han decidido debatir ahora, al hilo de la polémica por los indultos a los condenados por el procés.

Así, proponen prohibir por ley indultar a condenados por delitos de «terrorismo, financiación ilegal de partidos políticos, o contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública, la Seguridad Social», o los de «traición, rebelión, sedición» y los cometidos «contra la Constitución o las instituciones del Estado».

Además, abogan por penar con hasta cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que, sin tener competencias para ello, convoque consultas populares o referendos de los previstos en la Constitución.

CÁRCEL PARA QUIENES COLABOREN

En concreto, plantean la inclusión de nuevos artículos en el Código Penal para castigar a las autoridades o funcionarios públicos que, «careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución».

Así, piden para ellos penas de prisión de entre tres y cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

También reclaman condenas para las autoridades o funcionarios que faciliten la celebración de esas consultas ilegales que van de uno a tres años de cárcel e inhabilitación absoluta por un tiempo superior a la pena de prisión y penas de entre seis meses y un año o multa de 12 a 24 meses para quienes participen como interventores en las mismas o colaboren en su organización.

Asimismo, abogan por castigar con entre tres y cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios que doten de fondos públicos, subvenciones o ayudas a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por conductas relacionadas con delitos de terrorismo o a sus herederos .

DISPERSIÓN DE CONDENADOS POR REBELIÓN

En otro de los puntos de su iniciativa, Vox defiende cambiar la Ley General Penitenciaria para que los condenados por delitos de terrorismo, traición, rebelión, sedición, contra la Constitución y el orden público deban cumplir sus condenas en comunidades donde no tengan representación parlamentaria autonómica partidos políticos que persigan o respalden actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las Instituciones del Estado.

Por otra parte, Vox recoge también una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar los plazos en la instrucción de causas judiciales. Así, plantea que el juez proceda a concluir la instrucción «cuando considere que ha cumplido su finalidad».