La Audiencia Nacional concede cautelares a Renfe sobre las tarifas de los talleres de Mantenimiento
La Audiencia Nacional ha estimado las medidas cautelares solicitadas por Renfe contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que obligaba al operador a bajar las tarifas que cobra a los nuevos operadores ferroviarios que ya compiten con la empresa pública para el mantenimiento de sus trenes.
En la resolución, a la que ha tenido acceso por Europa Press, los magistrados acuerdan estimar el recurso de reposición formulado por Renfe Fabricación y Mantenimiento contra un auto de marzo de 2021 que desestimaba la suspensión de algunos pronunciamientos de la resolución de Competencia.
El texto sostiene que el auto cometía un error cuando entendía que no concurría periculum in mora –una condición necesaria para otorgar cautelares–, argumentando que los clientes externos solo suponen un 6% del total de la actividad de Renfe Mantenimiento y el cumplimiento de la resolución de la CNMC no le obligaría a realizar un cambio irreversible en su política comercial.
No obstante, la Audiencia Nacional explica ahora que la bajada de los precios a la que obliga Competencia no solo afectaría a ese 6% de clientes externos sino a todas sus operaciones internas, lo que supondría recudir los ingresos totales de Renfe Mantenimiento.
En cualquier caso, la aprobación de medidas cautelares es susceptible de recursos de casación, que deberá prepararse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en un plazo de 30 días desde el siguiente a la notificación, que se produjo a principios de junio.
La CNMC concluía en su resolución del pasado mes de diciembre que la rentabilidad actual fijada por Renfe para el alquiler de los 106 talleres que posee es muy superior al coste de capital, ya que muchos de los 20.000 activos con los que cuenta ya estarían amortizados.
Sin embargo, Renfe considera esta medida contraria a Derecho, aludiendo a que «confunde a la sociedad mercantil prestadora de servicios de mantenimiento de material rodante del Grupo Renfe, con un administrador de infraestructuras ferroviarias públicas, condición que no tiene Renfe Mantenimiento».
Renfe considera que la CNMC «se excede en sus facultades de supervisión», a falta del desarrollo reglamentario previsto en la Ley del Sector Ferroviario, que «no le compete». «El regulador pretende imponer la aplicación de unos precios que condenarían al prestador a seguir incurriendo en pérdidas, no susceptibles de compensación mediante subvenciones públicas», concluye.
