Filipinas dice «nunca cooperará» con una posible investigación del TPI sobre la «guerra contra las drogas»

La Presidencia de Filipinas ha destacado este martes que el mandatario del país, Rodrigo Duterte, «nunca cooperará» con una posible investigación del Tribunal Penal Internacional (TPI) en relación a la conocida como «guerra contra las drogas» debido a los indicios de crímenes de lesa humanidad hallados durante el examen preliminar.

El portavoz de Duterte, Harry Roque, ha mostrado su confianza en que la Sala de Antejuicio «rechace esta petición de investigación» y ha agregado que «sólo malgastarían tiempo y recursos del tribunal, porque sin cooperación del Estado filipino no podrían montar un caso, excepto uno fundamentado en cotilleos y de parte de los comunistas y los enemigos políticos del presidente».

En este sentido, ha destacado que «casi todas» las fuentes de la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, son «enemigos del presidente», entre los que ha citado al exsenador Antonio Trillanes IV y al fundador del Partido Comunista de Filipinas Joma Sison, según ha recogido el portal filipino de noticias Rappler.

«¿Quién ha presentado el caso? ¿No quiere presentarse a presidente o vicepresidente? ¿No es la política la razón de abrir este caso?», se ha preguntado, en referencia a Trillanes, antes de recordar que el país se retiró en 2019 del Estatuto de Roma, el documento fundacional del TPI.

«¿Cómo se atreven a decir que el sistema legal de filipinas no funciona? Este es un asunto delicado para todos los abogados», ha dicho Roque, quien durante su etapa como activista hizo campañas a favor de que el país asiático se sumara al TPI.

En este sentido, ha argüido que «si el proceso (legal) en Filipinas es lento, es aún más lento en el TPI, porque han pasado tres años antes de la apertura de una investigación preliminar». «¿Por qué piden que los procesos en Filipinas vayan más rápido?», ha cuestionado el portavoz de Duterte.

Roque ha rechazado además la posibilidad de incluir en la investigación las ejecuciones extrajudiciales en Davao entre 2011 y 2016 –Duterte fue alcalde de la ciudad entre 2013 y 2016–, y ha incidido en que la investigación debería abarcar, en todo caso, el periodo entre la toma de posesión de Duterte en junio de 2016 y la retirada del país del Estatuto de Roma en marzo de 2019.

«Todo lo que pasí antes de que el presidente tomara posesión y después de marzo de 2019 está claramente fuera de la jurisdicción del TPI», ha remachado el portavoz de Duterte, un día después de que Bensouda pidiera abrir una investigación sobre la situación en el país.

Bensouda ha pedido autorización para iniciar la investigación en base a los hechos acontecidos entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019 ya que «tras un minucioso proceso de examen preliminar, la información disponible indica que los miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan de forma concertada con ellos, llamados vigilantes , han matado ilegalmente a entre 12.000 y 30.000 personas», según el informe.

Además, estos asesinatos «parecen haber sido cometidos en cumplimiento de una política estatal oficial del Gobierno filipino», a la vez que «funcionarios del Estado en los niveles más altos del Gobierno también hablaron pública y repetidamente en apoyo de las ejecuciones extrajudiciales, y crearon una cultura de impunidad para quienes las cometieron» y ofrecían «recompensas» por asesinatos extrajudiciales.

Bensouda especificó en su escrito que la Fiscalía del TPI «no se pronuncia sobre las políticas e iniciativas internas de ningún Gobierno destinadas a abordar la producción, la distribución y el consumo de sustancias psicoactivas dentro de los parámetros de la ley y el debido proceso legal», aunque en este caso, «está actuando debidamente de acuerdo con su mandato específico y claramente definido y sus obligaciones en virtud del Estatuto».

Por último, recalcó que aunque Filipinas se retiró del Estatuto de Roma el tribunal «mantiene la competencia sobre los crímenes que supuestamente se produjeron» en territorio filipino durante el periodo en el que, efectivamente, el país asiático fue parte del Estatuto, a lo que se suma que «estos crímenes no prescriben».