El Gobierno muestra su compromiso con los plazos de la directiva de morosidad, tras el dictamen de Bruselas

Bruselas da dos meses a España para reducir la morosidad en los pagos del sector público a proveedores

El Gobierno ha asegurado estar comprometido con el cumplimiento de los plazos establecidos en la directiva de morosidad, después de que este miércoles la Comisión Europea haya lanzado un últimátum de dos meses a España para que reduzca los «excesivos» retrasos que existen en los pagos por parte de comunidades autónomas y municipios a sus proveedores del sector privado y evitar así que el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).

Según han trasladado fuentes de Hacienda a Europa Press, el esfuerzo realizado por España en los últimos años para mejorar los resultados de pago de su sector público se ha materializado también en 2020, cuando todas las administraciones públicas cerraron el año con descensos en relación con el año anterior.

Dichas fuentes han explicado que el Gobierno está comprometido con la recuperación económica y que no va a dejar atrás a ningún colectivo, incluidos las pymes y autónomos, que son los principales proveedores de las administraciones Públicas.

Para ello, se han establecido medidas que dotan de liquidez a las comunidades autónomas y entidades locales para que puedan afrontar esos pagos y tener sus finanzas saneadas frente a la Covid-19, algo que desde Hacienda aseguran que el Ejecutivo seguirá implantando con el objetivo de amortiguar los efectos de la crisis económica.

LA COMISIÓN RECONOCE LOS «ESFUERZOS DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS»

La Comisión Europea ha reconocido, no obstante, «los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público», pero sigue «preocupada» por los retrasos «persistentes» de las autoridades regionales y locales porque «su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse» a las normas europeas.

Según han detallado desde Hacienda, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas se ha reducido un 19,4%, pasando de los 33,45 días en junio de 2018 a los 26,96 días de diciembre de 2020. El dato de diciembre ha supuesto bajar por primera vez de los 30 días desde el inicio de la serie, en abril de 2018, mientras que la cifra se ha visto mejorada en marzo, con 26,26 días, que supone el mínimo histórico de toda la serie.

Por su parte, la deuda comercial de las CCAA ha ido bajando en 2021 y en marzo vuelve a registrar mínimos históricos, por debajo de los 3.000 millones, mejorando los datos de enero y febrero.

En el caso del PMP de las Entidades Locales, se ha logrado reducir un 26%. Ha pasado de los 64,66 días registrados en junio de 2018, a los 47,9 registrados a cierre de 2020.

En la Administración Central se han logrado bajar los plazos desde los 45,56 días de junio de 2018 a 24,21 días registrados a cierre de 2020, lo que implica una reducción del PMP del 46,8%.

Respecto a la Seguridad Social, el PMP de 2018 fue de 22,94 días, mientras que en diciembre de 2020 se ha registrado un período medio de pago de 10,55 días, lo que supone una reducción del 54%.