Gobierno aprueba subvenciones para obtener avales de Saeca para el sector agroalimentario y pesquero
Incluye por primera vez al sector pesquero y a las pymes agroalimentarias
El Consejo de Ministros ha aprobado las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a sufragar el coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), a titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero y acuícola y de industrias agroalimentarias, necesarios para la obtención de préstamos de entidades.
En concreto, el objetivo de estas subvenciones es facilitar el acceso a la financiación para los sectores agroalimentarios y pesqueros afectados en los últimos años por situaciones de diversa índole, como sequías u otros fenómenos climáticos adversos, así como por situaciones desfavorables de mercado, derivadas principalmente de la pandemia del coronavirus.
Estas subvenciones darán apoyo especialmente a jóvenes del sector agrario y pesquero, asegurados, miembros de organizaciones de productores, y a aquellas explotaciones situadas en zonas declaradas zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como la borrasca Filomena.
Las ayudas para financiar los costes de estos avales serán convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en función de las disponibilidades presupuestarias, y se concederán en régimen de concesión directa, por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
Agricultura ha indicado que esta convocatoria prevé un gasto de 3,2 millones de euros, con un importe máximo de crédito avalado estimado en torno 65 millones de euros.
De esta forma, el Departamento que lidera Luis Planas subvencionará el coste del aval por un importe máximo de hasta 75.000 euros por titular de explotación, operador económico, armador o propietario, o por componente de entidad asociativa, cuyo plazo no supere los seis años, pudiéndose incluir en este tiempo un año de carencia.
Además, se subvencionará el coste del aval por un importe máximo de hasta 120.000 euros por pyme agroalimentaria, cuyo plazo no supere los seis años, con la posibilidad de un año de carencia.
