El PP acusa al Gobierno de saltarse las normas internas de Indra al forzar el cese de Abril-Martorell
El PP ha acusado este lunes al Gobierno de saltarse las normas internas de Indra por cómo ha forzado la salida de Fernando Abril-Martorell al frente de la compañía, preguntándose dónde quedan las buenas prácticas y el código de buen gobierno, y filtrar «sin reparo» quién será postulado para sucederle en el cargo.
«Dicen sin reparo que se va a reunir la comisión de nombramientos de Indra para proponer a un presidente que tiene que elegir la junta general de accionistas. No sé dónde están las buenas prácticas y el código de buen gobierno», se ha preguntado la vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez, en declaraciones a Europa Press.
Rodríguez ha criticado el relevo y cómo se ha llevado a cabo porque, a su juicio, va «en detrimento de la imagen de España como país que respeta las normas de entendimiento». «Estamos hablando de palabras mayores, de una gran tecnológica con fondos internacionales que apuestan por ella… En un sector puntero estas cosas no se hacen de esta manera», ha sostenido.
La exministra y expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cree que «si realmente tiene que haber una sustitución, la necesidad tiene que salir de la junta general de accionistas, por unas razones y otras».
En opinión de la diputada del PP en el Congreso, Abril-Martorell «estaba haciendo las cosas bien» y «no hay razón aparente» por la cual deba salir. Y es que, concretamente en Indra, apunta que «ha tenido presidentes que tenían sobrada experiencia» y «estables» y que el mandato de Abril-Martorell se ha desarrollado «sin el más mínimo reparo».
En el caso de que la salida de la compañía se deba al desencuentro con el Gobierno a la hora de hacerse con ITP Aero, «demuestra su independencia». «A lo mejor empresarialmente no le cuadraba la operación», ha abundado Rodríguez, defendiendo que esta cuestión «debía de ser más anecdótica, porque esa decisión no implica solamente al capital con el que cuenta el Estado». «El resto de accionistas tienen derecho a que se defienda sus intereses», ha esgrimido.
Para Rodríguez, este caso es «un ejemplo más de la intervención en las empresas españolas», cotizadas incluidas, y ha señalado que, si finalmente el nuevo presidente es alguien del PSC, se unirá a una lista de presidentes de empresas participadas con cargos políticos del partido de Gobierno, «todos ellos sin experiencia previa en el sector».
