Denuncian más de 149 agresiones a periodistas durante la huelga indefinida en Colombia

El Gobierno ha lanzado una campaña contra el «terrorismo digital» y quienes desacrediten la labor de las fuerzas de seguridad

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha alertado sobre la preocupante escalada de violencia en contra de los periodistas durante las protestas y el paro indefinido iniciados hace casi un mes en Colombia que incluyen 149 agresiones a comunicadores.

Entre los incidentes hay agresiones, amenazas, obstrucción para hacer su trabajo, robo de material y hostigamiento, entre otras, según ha explicado la FLIP en un comunicado recogido por la prensa colombiana.

“Estas manifestaciones sociales han expuesto la vulnerabilidad y desprotección de los periodistas en el país. La libertad de expresión y prensa se ha visto gravemente afectada por el alto nivel de violencia que se ha vivido en Colombia en los últimos días. Es urgente que se implementen acciones diferenciadas para garantizar su seguridad. El trabajo de una prensa libre es un imperativo para salvaguardar el Estado democrático», ha alertado el director de la FLIP, Jonathan Bock.

La mayoría de las agresiones han sido ya denunciadas ante las autoridades. En la Fiscalía, por ejemplo, ya está el caso del ataque de agentes del Esmad (antidisturbios) al equipo periodístico del medio alternativo Loco Sapiens en Sibaté, del cual dos periodistas resultaron heridos por impactos de perdigones disparados por los uniformados pese a haberse identificado plenamente como prensa.

En muchos de estos casos son los agentes de las fuerzas de seguridad quienes atacan a los periodistas, como ya ha ocurrido en Sibaté, Duitama o Medellín, pero también hay casos en los que son los propios manifestantes los que han obstruido el trabajo de los comunicadores con amenazas.

“Cualquiera que tenga un casco o un chaleco que diga prensa lo sacan de las manifestaciones a punta de gritos o piedras. Y ni hablar si son periodistas de grandes medios”, ha explicado un periodista que ha preferido no identificarse por seguridad, en declaraciones al diario El Espectador .

TORTURAS A UN PERIODISTA

También está en manos de la Fiscalía un caso ocurrido en Duitama (Boyacá), donde el periodista Santiago Amaya, del medio alternativo Contradicción, fue retenido ilegalmente y agredido por agentes de la Policía.

«Me acorralaron unos diez agentes contra una pared. Nunca me pidieron una identificación. Simplemente escuché que uno dijo: ‘Ese es. Llévenselo’”, ha relatado Amaya. «Un agente me dio un golpe muy fuerte que me dejó sin aire y sin fuerzas (…). ‘Me importa un culo que usted sea periodista’, me dijeron. Me empiezan a pegar bolillazos (porrazos)», ha añadido.

«En la estación (comisaría) me tiran en una carceleta que, por el olor, debía estar completamente orinada. Ahí me siguen pegando. Recibo patadas y me intentan ahorcar con mi carné. ‘Eso es lo que les hacemos a los que tienen su oficio’, me dice otro uniformado’”, ha asegurado Amaya.

Posteriormente fue liberado, pero asegura que tanto él como su familia han sido contactados por la Policía para persuadirlos de no hablar.

«TERRORISMO DIGITAL»

La FLIP ha expresado además su preocupación porque «algunas de las voces más visibles del Gobierno atacan abiertamente las fuentes de información independiente”. En particular, recuerda las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, quien el 6 de mayo presentó una campaña contra lo que ellos mismos denominan “terrorismo digital”.

Estas autoridades repitieron de forma enfática que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones sociales, están realizando labores de terrorismo.

“Esa campaña expone a los periodistas a un ambiente de autocensura, pues muchos terminan cortándose para evitar ser judicializados. La intención de la campaña exacerba la tensión que ya existe debido a la violencia dirigida», ha advertido la FLIP.

Varios periodistas y medios alternativos han hecho saber a la Fundación que optarán por la autocensura para evitar seguimientos, bloqueos o eliminación de contenido por parte de las autoridades.