La gran industria cree que el fondo verde de Ribera tendría un coste energético adicional de 2.650 millones

Pide que sea asumido por los PGE

Las principales asociaciones representantes de la industria española calculan que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que prevé aprobar el Gobierno supondría un coste energético adicional acumulado para el sector de 2.650 millones de euros.

En un manifiesto, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por asociaciones empresariales del automóvil (Anfac), de productos petrolíferos (AOP), pasta, papel y cartón (Aspapel), química (Feique), alimentación y bebidas (Fiab), cemento (Oficemen) y siderurgia (Unesid), advierte así de que los sobrecostes del llamado fondo verde , con el que se pretende trasladar el coste de las primas a las renovables del recibo de la luz a todas las energéticas, «ponen en riesgo la competitividad de la actividad industrial española».

La asociación estima que la creación del fondo, que se encuentra a la espera de dictamen por el Consejo de Estado, puede «agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro», recordando que el sector ha perdido, desde la crisis económica de 2008, casi un 30% del tejido productivo y un 20% del empleo.

En el caso de su puesta en marcha, el coste acumulado por la creación del FNSSE para la industria entre 2021 y 2025 ascendería a unos 2.650 millones de euros, «sin tener en cuenta el eventual régimen de compensaciones», explican en el manifiesto.

Este impacto sería asumido sobre todo por las industrias consumidoras de gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad, al eliminarse las metodologías de niveles de tensión.

Como solución, la gran industria pide que los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) sean trasladados íntegramente a los Presupuestos Generales del Estados (PGE) y de manera progresiva, para paliar el impacto en un solo ejercicio en los actuales presupuestos.

En caso de no ser considerado el traslado del coste a los PGE, cree que «debería excluirse o establecerse exenciones completas para los sectores industriales que, aún no siendo consumidores intensivos, son sectores tractores, esenciales o exportadores, indispensables para generar crecimiento económico y de empleo de calidad».

Así, la Alianza por la Competitividad de la Industria alerta de que el sector industrial «ya se enfrenta actualmente a un extraordinario incremento de los costes del gas y la electricidad en el país», por lo que este aumento adicional de los costes a medio plazo «dificultaría gravemente el contexto de recuperación de la crisis económica y se pondría así en riesgo el desarrollo y futuro del sector industrial español».

Además, aunque el texto del anteproyecto de Ley del fondo expone un régimen de compensaciones con el objetivo de paliar el posible impacto en los diversos sectores, la alianza de la gran industria considera que este régimen se aplicaría tan solo a un limitado número de éstos, «excluyendo al 80% de la industria productiva y exportadora española y generando un sobrecoste competitivo inasumible en sectores tractores y esenciales para nuestra economía».

Igualmente, los firmantes advierten de que el régimen de compensaciones por esos cargos excesivos previamente abonados provoca «una imagen falsa de industria subvencionada y quedan en permanente riesgo de desaparición si son consideradas ayudas de Estado por Europa».

Por ello, en el momento actual de transformación en el que se encuentra la industria, afirman que hay que «evitar medidas que afecten al nivel de competitividad de la industria productiva española, responsable de generar el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa y que llega al 43% del PIB y el 30% del empleo si se suman sus efectos indirectos».